La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en Guatemala, externa su preocupación por los reportes recibidos y llama al Estado a garantizar de forma plena y efectiva estos derechos fundamentales.

Durante los últimos meses el CIDH ha recibido varios reportes que reclaman debilitamiento de la independencia judicial en Guatemala en cuanto a procesamiento de periodistas. Los reportes hablan especialmente de agresiones, intimidaciones y acoso judicial.

Todo esto sucede en el contexto donde directivos del diario «El Periódico» fueran detenidos por lavado de dinero, luego de haber acusado de corrupción al gobierno. Sin embargo, las autoridades del Estado han señalado que el proceso penal no está relacionado con actividades periodísticas; y que las diligencias judiciales alrededor de su caso se realizan en estricto apego al marco legal y los derechos humanos.

Según la información que posee la RELE, habrían allanado las viviendas de José Rubén Zamora, presidente de El Periódico, el 29 de julio; y de Flora Silva, la directora financiera, el 19 de agosto. Ambos habrían sido detenidos por la supuesta comisión de delitos vinculados al lavado de activos, entre otros. Asimismo, el 29 de julio se habrían allanado las oficinas de Aldea Global S.A., una entidad comercial que –al estar a cargo de la gestión administrativa del medio de comunicación– comparte las instalaciones con El Periódico.

El periodista José Rubén Zamora es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH desde 2003, cuando la Comisión entendió que existía un riesgo inminente a su vida e integridad personal con motivo de una serie de ataques físicos y amenazas recibidas en el ejercicio de su profesión, y del contexto de violencia contra la prensa en Guatemala. Conforme a las facultades que otorga el mecanismo de medidas cautelares, la CIDH y su Relatoría Especial han solicitado recientemente al Estado una visita de trabajo para constatar la situación de Zamora.

A estos hechos, se suman otras denuncias dirigidas a impedir la publicación de investigaciones periodísticas de relevancia pública. Así como el incremento de comportamientos coordinados por parte de cuentas anónimas en redes sociales, que según se ha señalado difunden información estatal de carácter reservado, o anuncian actos que luego son ejecutados por parte del Estado, por ejemplo, en relación con juicios penales. Sobre este punto, el Estado ha informado que «dichas publicaciones en ningún momento han sido ventiladas por cuentas oficiales del Estado de Guatemala, así como tampoco por sus funcionarios públicos, por lo que no es atribuible al Estado».

Frente a estas situaciones la Relatoría recordó «que el sistema interamericano de derechos humanos protege de manera reforzada los discursos de interés general y sobre conductas de funcionarios públicos ya que resultan indispensables en una sociedad plural para ejercer el control público sobre los actos de gobierno y administración.»

Asimismo, la CIDH y la Corte Interamericana han enfatizado que una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el Estado de Derecho.