Un centro de atención telefónica institucional y la creación de un Observatorio de Derechos Humanos son alguno de los proyectos que la Defensoría está llevando a cabo este año.

Fuente: Defensoría Penal Pública

La Defensoría Penal Pública se ha dedicado desde 2001 a proporcionar abogados defensores para aquellos acusados de un delito, crimen o falta que carezcan de abogado por cualquier circunstancia, a través de un sistema mixto público y privado. Uno de sus objetivos ha sido mejorar las posibilidades de acceso a la justicia de la población chilena. Para cumplir tal meta el organismo está llevando a cabo una serie de iniciativas que facilitan el uso y entendimiento de los derechos que el ciudadano tiene a la hora de ser detenidos o cuando están en un proceso de juicio.

Una de estas propuestas consiste en InfoDefensa, un centro de atención telefónica institucional que permite a la gente imputada o en medio de una investigación policial acceder a la información concerniente a su caso. “Sobre el 90 % de las personas detenidas pasan por nuestra institución, por lo que es necesario que los imputados y sus familiares tengan una información inmediata. Esta administración se dio cuenta de que no teníamos ese tipo de servicio para nuestros usuarios, por lo que pensamos en cómo podemos facilitar la vida de las personas y que conozcan la ubican de algún familiar imputado por un delito o que conozcan la información básica con respecto a los siguientes pasos procesales”, dice Carlos Mora, Defensor Nacional que dirige la organización desde noviembre de 2021.

El servicio es parte del sistema integral de atención de usuarios creado en 2021, que busca facilitar el acceso de los usuarios. “La Defensoría tras un análisis se dio cuenta de que varias dudas de sus usuarios se repetían, por lo que InfoDefensa está sistematizado para resolver tales preguntas como por ejemplo: ¿dónde está mi papá o hijo detenido? ¿cuándo será la próxima audiencia? ¿cuál es el número de ROL de la causa? o ¿qué fiscal está conociendo la causa?. Nosotros tenemos una base de preguntas y respuestas que podemos contestar sin entorpecer la investigación o la relación de confianza entre el abogado defensor y el imputado”, añade Mora.

“No es una información generalizada que se entregue para todo el mundo, sino que está enfocado a nuestros usuarios”, aclara el Defensor Nacional, recalcando que es un servicio para gente imputada o sus familiares y no para estudiantes de Derecho con dudas teóricas.

El servicio se inició en mayo y se encuentra en una etapa de prueba en las regiones Metropolitana (Sur y Norte), Valparaíso y La Araucanía, y se irá implementando paulatinamente durante el 2022 en todas las regiones del país. “Esto tiene relación con el acceso a la justicia y el acceso al conocimiento de los derechos de los imputados dentro del sistema procesal, por eso las preguntas se repiten mucho, y esto a nivel nacional puede evitar que mucha gente tenga que trasladarse a la Defensoría Penal Pública para realizar estas simples preguntas que podemos contestar en nuestro Call Center”, destaca Mora.

El número de contacto de InfoDefensa es 600 3690 200.

El impacto del COVID y el camino por recorrer

“Tenemos que estar acorde a los nuevos tiempos, nosotros nos hemos dado cuenta de que a nivel nacional hay mucha gente que no tiene acceso a Internet. Hoy sin internet es difícil acceder a la justicia porque producto de la pandemia todo el sistema procesal penal, en especial las audiencias, funcionan de manera telemática, por lo que si no tienes no hay acceso, es un problema concerniente a la tecnología”, comenta Mora sobre uno de los desafíos que faltan por superar para lograr mejorar el acceso a la justicia de la población chilena.

“En los peores momentos de la pandemia ninguna institución estaba atendiendo público de manera presencial, lo que también impactó fuertemente al sistema acusatorio, dado que todos los juicios hasta el día de hoy son remotos y hay una infracción desde nuestro punto de vista al principio de la inmediación, el cual creemos se debe cumplir una vez que una persona juzgada pasa a través del sistema procesal penal, porque no es lo mismo juzgar a una persona de forma presencial que a través de una pantalla de televisión”, comentó el Defensor Nacional y agrega que la organización ya funciona de manera presencial con sistema de turnos y con la capacidad de asistir a audiencias al momento que el Poder Judicial decida el regreso de los juicios presenciales.

Carlos Mora es enfático en que no basta solo con que la Defensoría Penal Pública mejore su atención a sus usuarios si las otras instituciones no van a estar a la altura en términos de accesibilidad, por lo que se requiere un esfuerzo colectivo entre varios organismos públicos. “El acceso a la justicia también está relacionado con los derechos especiales que tienen que tener ciertos grupos vulnerables, como las mujeres, su acceso a la justicia tiene que considerar aquellos casos en que puedan estar embarazadas y estar privadas de libertad. El sistema tiene que enfrentarlo de manera pormenorizada, detallada y calificada de manera especial”, agrega.

Es en ese aspecto en que la organización ve con buenos ojos el borrador de la nueva constitución. “La convención constitucional reconoció nuestra historia y lo hace al acceder a darnos autonomía constitucional, por lo que estamos agradecidos. Además, el borrador señala que la institución tiene que pasar de entregar un 80 % de defensa licitada a un 100 % de forma institucional para lo que nos da 5 años para su implantación. Nosotros creemos que si tenemos el apoyo presupuestario vamos a poder lograrlo”, recalca Mora.

Gobierno Abierto y Lenguaje Claro

Chile es uno de los 78 países que integra la Red de Gobierno Abierto. Este programa tiene por finalidad acercar el Estado a los ciudadanos a través de programas de trabajo bianuales donde se cumplan los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas y el uso de la innovación y tecnología.

Desde 2018 la Defensoría Penal Pública forma parte del cuarto y quinto plan de acción del programa internacional de gobierno abierto, cuyo propósito es transparentar las políticas públicas hacia la ciudadanía, de manera colaborativa y participativa, para que los gobiernos puedan brindar mejores servicios a sus ciudadanos.

Como parte de este compromiso la organización busca crear un Observatorio de Derechos Humanos en el sistema penal para diciembre de este año, a través del cual se dará a conocer información referente a causas, estadísticas y estudios, así como llevar a cabo acciones de educación cívico-legales enfocadas en la comunidad. “Tenemos temas de difusión en los colegios, en las plazas públicas y en distintas visitas a las cárceles, para dar información a los imputados privados de libertad. La Defensoría siempre se ha caracterizado por tener difusión de derechos”, destaca Mora.

Otra campaña que tiene la organización es su adhesión a la Red de Lenguaje Claro, que busca por medio de un estilo simple y eficiente el dar a conocer a la gente sus derechos. Dos estudios sucesivos de la empresa Cadem muestra un alto desconocimiento público respecto de los derechos que tiene las personas detenidas: en noviembre de 2018 el 42 % de las personas consultadas dijeron desconocer sus derechos, cifra que aumentó a 46 % en el estudio de noviembre de 2019.

“Nos dimos cuenta de que era muy complejo para las personas entender cuáles son sus derechos y el rol de las instituciones del sistema de justicia penal para tomar una decisión durante un proceso judicial”, comenta Mora sobre los motivos que llevaron a la realización de la campaña y su adhesión a la Red de Lenguaje Claro. Esta campaña consiste en un programa de contenidos difundidos a través de diversos soportes como cápsulas audiovisuales para redes sociales y web, las que permiten que las personas puedan conocer y exigir sus derechos en el ámbito penal.

“Nuestro compromiso es la continuidad de estas propuestas e ir mejorando la entrega de información”, concluye Carlos Mora.