De esta forma la ONU calificó «excesivo» el uso de la prisión preventiva en casos de personas que fueron imputadas por presuntos delitos en el contexto del estallido social.
El texto de la ONU, cita al Comité de Derechos Humanos para afirmar que «la prisión preventiva no debe ser la regla general, sino la excepción», y advierte que «el uso prolongado de esta medida cautelar se hace más problemático en el contexto de la pandemia de Covid-19, ya que se contrapone a las políticas de descongestión de los recintos penitenciarios promovidas por los organismos internacionales de derechos humanos».
El documento, que actualiza el elaborado por la misión técnica que visitó el país en noviembre del 2019 en cuanto a la adopción de sus recomendaciones desde el Estado, apunta que «existe disonancia e inconsistencia en las cifras oficiales, entre las instituciones respecto al número de personas en prisión preventiva en el marco de procesos por tales delitos».
Por otra parte, la ONU valora el rol de la Contraloría en las indagatorias abiertas desde ese periodo, al igual que los esfuerzos de la Fiscalía «para fortalecer su capacidad para abordar casos de derechos humanos, pero señala que los avances son insuficientes en la mayoría de las investigaciones»
En esa línea, si bien destaca el «diseño e implementación de programas de apoyo a determinados grupos de víctimas, observa limitaciones que no garantizan una reparación integral» para ellas y sus familias.
Además, «constata una falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado y una ambivalencia en el discurso público que puede llevar a relativizar las violaciones de derechos humanos cometidos en el marco de las protestas».
Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, dijo que «por todos estos factores, observamos en las víctimas una sensación generalizada de desamparo. También se observa según el informe obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición», concluyó.
Por otra parte si bien observa una reducción del uso de escopetas antidisturbios, la ONU advierte «el uso inadecuado de cartuchos lacrimógenos y carros lanza aguas contra las personas, ya sea como munición de impacto, por su uso indiscriminado, o por el empleo de presuntos agentes químicos», además de ocasiones en que carabineros «no prestaron asistencia a personas heridas».
También el documento sostiene que los reglamentos en desarrollo «aún deben ser armonizados con el derecho internacional y las normas internacionales».
Finalmente el organismo rechaza el «hostigamiento y violencia contra brigadistas de salud, personas observadoras de derechos humanos y periodistas, por lo que hace un llamando a proteger su labor”.