El acceso al aborto no penalizado a través de causales específicas ya no es suficiente para las mujeres latinoamericanas, que siguen siendo criminalizadas porque, a pesar de que en el papel las leyes las protegen, en la práctica se siguen tropezando con barreras que les impiden ejercer sus derechos.

Según el diario El País. Argentina dio el primer paso para garantizar el acceso legal y seguro a la interrupción del embarazo con una ley celebrada a final de 2020, que establece que el aborto es permitido cuando la gestación no supere las 14 semanas.

En Colombia, a pesar de que en 2006 se discriminalizó en tres casos: violación, malformaciones del feto incompatibles con la vida fuera del útero y riesgo para la salud física o mental de la mujer gestante, las mujeres son perseguidas por el sistema judicial. Las que viven en zonas rurales y las niñas son las más perjudicadas.

La Corte Constitucional estudia una demanda que busca declarar inconstitucional un artículo del código penal que tipifica el aborto como delito. La petición, impulsada por el movimiento Causa Justa, no pretende que deje de ser regulado, sino que lo sea desde ámbito de la salud y no desde el penal. “Que el aborto sea un delito crea un estigma que se convierte en una barrera, incluso en los casos en los que está permitido”, explica Catalina Martínez Coral, directora para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.

En el camino hacia la despenalización del aborto, México acaba de dar un salto. El mes pasado la Suprema Corte de Justicia despenalizó el aborto en Coahuila. La decisión fue celebrada como un hito en los derechos reproductivos de las mexicanas, aunque no tiene efecto para el resto del país, en donde todavía es necesario presentar recursos legales para acceder al procedimiento. En 28 de los 32 Estados interrumpir el embarazo continúa criminalizado. “Esto es una ‘semi-despenalización’ porque el fallo de la Corte lo que dice es que la penalización del aborto es anticonstitucional, pero no sale el aborto de los códigos penales estatales”, señalaba a este diario el mes pasado Friné Salguero, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir en México.

El 28 de septiembre, mientras el verde de los pañuelos coloreaba las manifestaciones en la región por el Día de Acción Global por el aborto legal y seguro, en Chile la Cámara despenalizaba la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas. Desde el 2018 los diputados progresistas de la oposición, impulsados por el movimiento feminista chileno, pedían modificar la actual ley del aborto, que desde 2017 lo permite, pero solo bajo tres causales. ¡Aprobada la despenalización del aborto! Esto es por todas las mujeres y personas gestantes que se han visto perseguidas y criminalizadas, sobre todo si son de menores recursos”, celebraba entonces la diputada Camila Vallejo, una de las impulsoras de la iniciativa. Sin embargo, para que sea ley, el Senado debe aprobarla. Todavía falta un largo camino en el Congreso para que la celebración sea completa.

En países donde está permitido abortar bajo tres causales, las mujeres dependen de la aprobación de un médico para acceder a esta práctica. Las que necesitan acogerse a la causal de malformaciones del feto incompatibles con la vida fuera del útero suelen recibir el diagnóstico en etapas avanzadas del embarazo, por lo que en muchos casos los servicios médicos les niegan el proceso.

La causal de violencia sexual, establecida en países como Ecuador, Colombia y México, es una de las más difíciles de argumentar. Colombia, por ejemplo, exige una denuncia penal para probar que el embarazo es producto de una violación. El juez tiene entonces la última palabra sobre un asunto de salud. “Que haya que interponer una denuncia disuade a las mujeres de acudir por la vía legal a la interrupción del embarazo”, dice Martínez Coral, del Centro de Derechos Reproductivos. Pero que no lo intenten legalmente no quiere decir que que no lo hagan. La clandestinidad —y el riesgo a una complicación— aparece entonces como la única opción.

En Colombia, las niñas y adolescentes son el grupo poblacional que más sufre abusos sexuales que terminan en un embarazo no deseado y que pone en riesgo sus vidas. Hasta 2019, el 73% de los 26.158 casos examinados por las autoridades por presunta violencia sexual tuvieron por víctima una niña o adolescente entre los 0 y los 17 años. También son ellas las que más sufren el acoso por parte del sistema penal. Según la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, las denuncias por aborto contra menores corresponden al 12,5% del total de los casos investigados, también sobre ellas recae el 24% del total de condenas.

En países de centroamérica como El Salvador, donde bajo cualquier circunstancia está penalizado abortar, incluso las mujeres que tienen emergencias obstétricas terminan en la cárcel. Las leyes son tan duras que frente a las emergencias se interpone la ley y muchas mujeres en lugar de recibir atención médica y acompañamiento psicológico son arrestadas por homicidio, con penas en prisión de hasta 30 años. Allí parece estar más lejos garantizar sus derechos reproductivos.

La Asamblea Legislativa rechazó reformar el código penal para eximir de responsabilidad judicial a quienes realicen o consientan un aborto, incluso cuando la vida de la mujer esté en riesgo. La prisión sigue siendo el castigo para quien se atreva a decidir sobre su cuerpo.