La Contraloría General de la República declaró inconstitucional el decreto 249, impulsado por el Gobierno, que buscaba entregar facultades a las Fuerzas Armadas en la macrozona sur.
El objetivo del decreto era «autorizar colaboración de las FFAA para apoyar a las autoridades civiles y policiales respecto de actos que se vinculen con la prevención del porte, la tenencia y el tráfico ilícitos de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo».
Además indicaba que el Ministerio del Interior, en coordinación con Defensa, «decidirá los objetivos estratégicos de la misma y evaluará la manera en que las policías emplean la colaboración señalada».
Según la Contraloría, “no es posible autorizar mediante un decreto labores de prevención y control de orden público a las Fuerzas Armadas”, ya que «de acuerdo a la Constitución Política de la República, dichas labores están a cargo exclusivamente de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones».
Sin embargo, Contraloría aclaró que está situación no aplicada para el decreto 265, que establece la colaboración en fronteras por amenazas exteriores, ya que no se trata de un conflicto interno de orden público.
Ante el rechazo de Contraloría, el Gobierno confirmó que acudirá al Tribunal Constitucional (TC) para revocar el fallo que impide el patrullaje de Fuerzas Especiales en la Macrozona Sur. El coordinador Pablo Urquizar, aseguró que el Gobierno no comprende por qué se autoriza la colaboración del Ejército en el norte del país, y no en la macrozona sur donde existe crimen organizado.