«El tribunal ha considerado las pruebas sobre la existencia de un acto criminal y las considera suficientes para apoyar las acusaciones de conspiración y lavado de dinero» es parte de la resolución emitida por la Justicia de Estados Unidos en la que informó la disposición de extraditar a Perú al ex presidente de Perú Alejandro Toledo (2001-2006).
Toledo fue detenido en julio de 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años y estuvo ocho meses en prisión al apreciar el juez un riesgo de fuga, aunque finalmente pudo salir de la cárcel y pasar a una situación de arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de covid-19.
Según las investigaciones de la Fiscalía peruana, el ex presidente de 75 años habría recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú, cuando aún era jefe del Gobierno.
El juicio de extradición, inicialmente previsto para principios de este año, fue pospuesto varias veces siempre a petición de la defensa, que de forma repetida solicitó más tiempo para revisar y traducir los documentos enviados por Perú.
Tras la decisión del magistrado Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California, con sede en San Francisco, dependerá ahora del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, tomar la decisión final sobre si se extradita o no al ex mandatario peruano, tras un proceso que ha durado más de dos años.
«Recibimos con satisfacción el fallo del juez Hixson que respalda la posición del Estado peruano sobre la extradición de Toledo para que sea juzgado en nuestro país», señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Aníbal Torres, en un mensaje publicado en la red social Twitter, consigna EFE.
El titular recordó, sin embargo, que la defensa de Toledo aún «puede hacer uso del recurso de habeas corpus», por lo que dijo que las autoridades peruanas estarán «a la espera (de) si es admitido o no» ese pedido.