“Es una ecuación directamente proporcional: A mayor responsabilidad, versación o autoridad se aumenta el deber de utilizar un lenguaje comprensible para todas las personas. Se trata de un tema fundamental para el ejercicio y goce efectivo de los derechos de todo individuo, como del cumplimiento de sus deberes y obligaciones”, dijo el presidente subrogante de la Corte Suprema, Sergio Muñoz Gajardo, durante ceremonia de juramentos de abogadas y abogados de las cortes de Apelaciones de Valparaíso, Talca, Concepción, Valdivia, Puerto Montt y el Palacio de Tribunales de Santiago.
Muñoz resaltó la importancia del uso del lenguaje claro y sencillo en la labor de todas las personas y en especial en quienes tienen mayor responsabilidad, conocimiento o autoridad en la sociedad y en el Estado, resaltando también los enormes avances en las comunicaciones y uso de tecnologías para promover la participación.
“Si bien este “derecho a comprender” no tiene reconocimiento expreso en instrumentos internacionales o en la normativa nacional, desde una óptica judicial, se desprende de las Reglas de Brasilia, que en su artículo 58 establece sobre las actuaciones judiciales que: “Se adoptarán las medidas necesarias para reducir las dificultades de comunicación que afecten a la comprensión del acto judicial en el que participe una persona en condición de vulnerabilidad, garantizando que ésta pueda comprender su alcance y significado”. Similar reflexión está en el artículo 27 del Código Iberoamericano de Ética Judicial y en el Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico de España.
“De este modo, el derecho a comprender la información implica un cambio de paradigma, se realiza un giro lingüístico hacia la ciudadanía. Este giro requiere que avancemos desde un lenguaje técnico y especializado hacia la adopción de uno cotidiano, sin barreras de entrada o que implique una práctica que excluye a parte de la sociedad del dialogo social”, dijo.
“Se integra el lenguaje claro y sencillo al concepto substancial de un estado social y democrático de derecho, en el cual debe tener plena vigencia el derecho a la información, como un derecho a saber y entender. Un derecho a la verdad material simplemente expuesta, para adquirir la posibilidad cierta de un real ejercicio de todos los derechos, como parte del acceso a una participación efectiva”, concluyó.