Con el objetivo de profundizar la ley que en 2020 modificó la Constitución y posibilitó la reducción de las remuneraciones de las altas autoridades en un 25%, e incorporó un nuevo artículo para generar una comisión que fije las remuneraciones, este miércoles el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados una reforma constitucional, esta vez enfocada en diferenciar las rentas que perciben los senadores y diputados de la que obtienen los ministros.
La propuesta elimina el Consejo Resolutivo de Asignaciones, y lo reemplaza por una Comisión nombrada por el Presidente de la República con acuerdo de dos tercios de los senadores, que fijará las remuneraciones y los montos de las asignaciones parlamentarias. De igual forma plantean que este Consejo fije las remuneraciones de los funcionarios de mayor rango del Congreso como los secretarios, prosecretario, tesorero, director de finanzas y de la biblioteca.
Asimismo propone que la renta de los parlamentarios “no podrá superar aquella percibida por un ministro de Estado”, tomando en consideración que estos últimos son designados por el Presidente, como sus colaboradores, con responsables civil y penalmente por sus actos e incluso pueden ser culpables de delito de malversación de caudales públicos. Y políticamente dependen de la confianza del mandatario y pueden ser objeto de acusaciones constitucionales.
Según añaden en el textos ingresado, en 26 de los 37 los países de la OCDE la remuneración de los ministros “es superior” a la de los parlamentarios, en promedio un 41% superior, y en los de régimen unicameral la diferencia es de 61%.