La criminalización de las infracciones sanitarias descritas en el artículo 318 del Código Penal, generó una mayor sobrecarga en el sistema de defensa judicial, aseguró el Defensor Regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, quien detalló que estas causas en la región significaron un 37 por ciento del total de los delitos del año, con 12 mil 572 ingresos.

Pizarro lamentó la situación generada por la incorrecta aplicación de esa norma, que llevó a que miles de personas incluso debieran enfrentar dos procesos en paralelo, uno por la vía penal y otro por la vía administrativa.

Ante ello, el directivo explicó que desde un principio la Defensoría Regional se opuso a esta interpretación de la norma y lo hizo ver en distintas instancias académicas y judiciales, logrando que su tesis fuera acogida tanto en los tribunales superiores como en el Tribunal Constitucional (TC).

“Finalmente, a más de un año de la incorrecta interpretación sostenida por los persecutores, el Tribunal Constitucional declaró ‘constitucionalmente defectuoso’ este artículo, lo que derivó, además, en que varios fallos de la Corte Suprema advirtiesen que la sola infracción al toque de queda no pone en riesgo la salud pública. Recordemos que, a la vez, el Ministerio Público dictó nuevas instrucciones para corregir el rumbo en la persecución de conductas infractoras del artículo 318″, aclaró.

AUDIENCIAS REMOTAS Y JUICIOS SEMIPRESENCIALES

Según Pizarro, la pandemia de Covid-19 afectó fuertemente al sistema de justicia criminal: “Desde el 18 de marzo de 2020, cuando se declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, nos hemos enfrentado a la disyuntiva de entregar justicia en un plazo razonable, evitando la acumulación de causas, o enfrentar juicios orales donde no se podría ejercer una defensa adversarial real y efectiva. Por ello, recurrimos incluso al Tribunal Constitucional, buscando que los juicios orales se enmarcaran en los parámetros establecidos en la Constitución y en el respeto al debido proceso, al derecho a defensa y a la igualdad ante la ley», aseguró.

Bajo esta premisa, agregó que durante 2020 se realizaron 123 juicios orales en la zona, algunos de ellos en formato semipresencial, es decir con un juez en sala, con el defensor público y el imputado presentes, y también otros en formato remoto, velando siempre porque las circunstancias permitieran realizar un justo ejercicio de defensa adversarial.

Respecto de las innumerables postergaciones en la tramitación de causas, el Defensor Regional señaló que “esperamos lograr consensuar entre todos los intervinientes del sistema de justicia criminal un adecuado abordaje de esta sobrecarga de trabajo, buscando siempre el justo equilibrio entre eficiencia y respeto al debido proceso”.

ATENCIONES EN PANDEMIA

Otro de los puntos destacados de este balance fueron las atenciones realizadas pese al contexto de emergencia sanitaria, pues pese a que la Defensoría Regional del Biobío cerró sus oficinas a la atención presencial, siguió atendiendo ininterrumpidamente a los usuarios, usuarias y sus familias.

«Se habilitaron canales remotos, se usaron las redes sociales e incluso se habilitó la aplicación ‘Mi Defensoría’. Además, se distribuyó información institucional y sobre los derechos de los imputados en cada recinto penitenciario, tribunal y unidad policial de la zona», explicó Osvaldo Pizarro.

En este contexto, durante 2020 se logró atender a 35 mil 437 personas y durante el primer semestre de este año ya se ha prestado atención a más de 25 mil. Actualmente, todas las oficinas de defensa pública de la región se encuentran atendiendo de manera presencial, pero se continuarán desarrollando y reforzando las comunicaciones virtuales.