«Debo entender que estas personas están condenadas (sic) por delitos comunes, por los cuales habrían sido formalizados, por lo tanto, la eventual teoría del caso de la Defensoría, en el sentido de que se trataría de delitos políticos, no comunes, no habría prosperado», con este argumento la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich desestimó el proyecto de ley que busca otorgar un indulto a los llamados «presos de la revuelta».
Insistió en que los respectivos procesos deben cerrarse antes de adoptar medidas, como son los recursos de nulidad. “Todo tiene que ser resuelto en una sentencia previo juicio oral público, sentencia que pueda ser impugnada por el Ministerio Público o por la Defensoría mediante el respectivo recurso de nulidad, que según sea la causal, lo conoce la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema», sostuvo.
Sobre los dichos del juez Daniel Urrutia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, en los que apuntó al Poder Judicial como «cómplice pasivo» de los vejámenes denunciados durante la crisis social, Chevesich descalificó las declaraciones argumentando que «un juez es un juez en la medida que se comporta como un juez».