La Moneda ha destinado 24 millones de pesos en equipos jurídicos para poder frenar los proyectos de retiros del 10% de los fondos de pensiones en el Tribunal Constitucional (TC), recursos fueron destinados principalmente al abogado Gastón Gómez y a Marisol Peña, ex presidenta del TC.

Según detalló La Tercera, en el marco del segundo retiro del 10%, Gómez y su socio José Francisco García recibieron un pago de 420 UF (unos 12 millones de pesos), con cargo al Ministerio de Hacienda, para redactar y presentar el requerimiento, que ganó en el TC. Según el entorno de Gómez, la remuneración fue tanto por el texto como por la defensa, con los alegatos incluidos.

Con la intención de impugnar el tercer retiro, en tanto, el Gobierno trabajó en dos líneas de acción paralelas, una -a cargo de Gómez- contra las tres mociones de los cinco proyectos presentados que se referían a las disposiciones transitorias, y otra liderada por Peña, sobre los dos proyectos que reformaban las disposiciones permanentes.

Estos dos últimos proyectos fueron rechazados en la discusión general que se dio en la Cámara Baja y finalmente fueron archivados, por lo que la representación de La Moneda ante el TC la asumió Gómez, quedando Peña fuera de la defensa, al haber trabajado sobre esta línea.

A pesar de que el documento de Peña no llegó al TC, en julio la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) pagó $12 millones brutos a la jurista.

«El requerimiento me fue solicitado por el Gobierno y tuve un plazo de cuatro días, incluyendo un fin de semana, para entregar un primer borrador, cuando estaba en pleno desarrollo la tramitación del proyecto del tercer retiro de pensiones y no estaba claro si se iba a realizar vía una disposición permanente, que era lo que yo estaba trabajando, o como ya había ocurrido anteriormente, vía disposiciones transitorias, que era la línea paralela que estaba trabajando el abogado Gastón Gómez», detalló Peña en La Tercera.

«De hecho, los argumentos a mi juicio son argumentos que van precisamente en la línea de lo que el Tribunal Constitucional observó al inadmitir a trámite el requerimiento por el tercer retiro. Vale decir, cómo se afectan los derechos de las personas, cómo hay muchísimas personas, ahora ya son alrededor de cinco millones, que van a quedar sin poder financiar su vejez», sostuvo.