Con la intención de discutir el sobreseimiento de 20 ministros de la Corte de Santiago y una de Suprema, investigados por el Ministerio Público, bajo el presunto delito de prevaricación judicial, La Defensoría Penal Pública (DPP) solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que se programe una audiencia “urgente”.
La indagatoria es la resultante de una querella criminal interpuesta por el abogado Fernando Leal hace un par de meses, por lo que amparándose en el artículo 159 del Código Procesal Penal (CPP), los abogados de la DPP Octavio Sufán, Alejandra Lobos y Bárbara Antivero ingresaron la solicitud de urgencia de la audiencia en favor de todos los magistrados imputados.
La acción judicial fue interpuesta a raíz de que los 21 magistrados, revocaron por la vía administrativa una determinación jurisdiccional, adoptada por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia en 2020, quien otorgó la libertad a un grupo de 13 imputados vinculados al estallido social, consigna BioBioChile.
La querella de Leal quedó en manos del fiscal regional de Coquimbo, Enrique Labarca, previa orden del fiscal nacional Jorge Abbott.
La determinación del titular del Ministerio Público, en todo caso, estuvo forzada por un reclamo de Leal, ya que el primer investigador designado fue el jefe de la regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, cuyas causas podrían ser conocidas por la Corte de Santiago, produciéndose una inhabilidad.
Dentro de las diligencias solicitadas en el libelo y que Labarca acogió, está la obtención de las llamadas entrantes y salientes de los ministros de la Corte, el día en que ocurrió el pleno donde se sancionó a Urrutia.
De allí que la petición de sobreseimiento, se ligue a otra solicitud hecha por la misma DPP -acaso una advertencia a los magistrados del “séptimo”- de que cualquier diligencia del Ministerio Público con carácter de intrusiva, debe ser conocida previamente por el tribunal de Garantía antes de ser acogida.