Con 71 votos a favor y 76 en contra, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la acusación constitucional presentada en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, que lo acusaba de presunta vulneración del derecho a la educación, de los trabajadores de la educación y amenaza a la vida e integridad física y psíquica por el retorno a clases presenciales.

Los votos de los diputados Pedro Velásquez (Ind.), Pepe Auth (Ind.), Carlos Abel Jarpa (Ind.), Pablo Lorenzini (Ind.) y Matías Walker (DC) de las bancada Radical e Independientes y de la DC favorecieron al ministro, así como la ausencia de ocho parlamentarios, de los cuales siete correspondían a la oposición: Manuel Matta (DC), Luis Rocafull (PS), Patricia Rubio (PPD), Jaime Tohá (PS), Esteban Velásquez (FVRS) y Raúl Soto (PPD).

Durante la votación el diputado Raúl Soto (PPD) no pudo votar a favor por problemas técnicos con el sistema, por lo que dejó la constancia en acta.

La acusación constaba de tres capítulos, que no alcanzaron a analizar pues se rechazó de inmediato la admisibilidad. En detalle, el texto acusaba una reducción presupiestaria de parte del Mineduc, que no se aumentaron los recursos para becas que permiten acceso a elementos tecnológicos para participar en clases telemáticas, que se mantuvo el mismo presupuesto en 2020 respecto a año normal, pese a la situación por la crisis sanitaria.

Durante su presentación, que se extendió por cerca de dos horas, la diputada Camila Rojas (Comunes), impulsora del libelo expresó que  “por acción u omisión, el ministro Figueroa ha faltado a la ley y a la Constitución, afectando a todas las comunidades educacionales (…) El ministro deja de manifiesto que no tiene responsabilidad de nada o bien que así se hacen las cosas en este gobierno. Se perpetúa la idea de que la educación es un problema entre privados”.

“La acusación constitucional vulnera el principio de culpabilidad, porque resulta del todo irracional pretender que todo este conjunto de situaciones haya sido provocado por actos dentro del control y disposición de decisiones del ministro. Eso es propio de un juicio político”, dijo en una de sus intervenciones el abogado defensor del ministro, Jorge Gálvez.

Tras el rechazo de la acusación, el ministro de Educación aseguró que «todos hemos trabajado incansablemente con un principal objetivo, que es asegurarle a cada niño, a cada joven, su derecho a educarse en un contexto tan difícil como ha sido esta pandemia».

«Hoy día la mayoría de la Cámara de Diputados ha sabido entender la magnitud de ese esfuerzo y lo importante de tener un único objetivo en este aspecto. Son los niños los que deben preocuparnos», agregó y consigna Meganoticias.

Además, agradeció “muy particularmente a todas las diputadas y diputados que han sabido comprender la magnitud del desafío que tenemos por delante, y han tomado una decisión muy clara: terminar con discusiones estériles y avanzar en un camino común que no es otro que poner a los niños como nuestra primera prioridad».

Con el rechazo del libelo, la tramitación llegó a su fin y el secretario de Estado podrá retomar sus funciones sin problemas.

Esta es la quinta acusación, de las nueve presentadas por la oposición en este periodo legislativo, que no logra pasar la Cámara de Diputados.