El estudio “Acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia que son usuarias del Poder Judicial”, realizado por una empresa externa al Poder Judicial arrojó la descoordinación en la toma de denuncia y/o primera llegada al sistema judicial, lo que según detalló es perjudicial y revictimizante para la mujer.

La ministra de la Corte de Apelaciones de Arica y presidenta del Comité de Igualdad de Género y No Discriminación de la jurisdicción, María Verónica Quiroz Fuenzalida, fue la encargada de presentar los resultados del estudio en una actividad realizada vía Zoom.

“Si hay descoordinación interinstitucional o falta de protocolos claros en la toma de denuncias esto podría llevar a múltiples derivaciones que, junto con ser riesgoso para la víctima, puede incidir finalmente en su decisión de desistir de la demanda”, dijo la ministra. Ante ello, recalcó que lo primordial es conocer la ruta de atención que siguen las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

Además aseguró que “No hay protocolos y ni procedimientos para favorecer la perspectiva de género y falta capacitación entre los funcionarios y funcionarias en el enfoque de género. Como consecuencia de ello las víctimas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales pueden sufrir discriminación por estereotipos que existen, por ejemplo, por la forma en que visten las víctimas”, manifestó la magistrada, quien agregó que “existen y se ven los avances institucionales sobre el tema, pero también se evidencian barreras que limitan el acceso a la justicia y en eso tenemos que trabajar”.

BUENAS PRÁCTICAS

Otros de los temas que dejó al descubierto que existe una barrera judicial y bajo conocimiento del “Cuaderno de buenas prácticas”, elaborado por la Secretaría Técnica de Igualdad de Género de la Corte Suprema y que establece un marco conceptual, un marco normativo y una matriz metodológica que contribuye a analizar y visibilizar los estereotipos que obstaculizan la aplicación del principio de igualdad, para que juezas y jueces puedan utilizar criterios para analizar su particular condición a la luz de las normas jurídicas nacionales e internacionales y garantizar que sea objeto de un tratamiento que permita el acceso efectivo a la justicia.

Otra de las barreras que impide un mejor acceso a la justicia a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar es el trato que reciben en los tribunales. A su juicio, el buen trato debe ser vital para lograr visibilizar la denuncia que presenta una víctima.

Dentro de las buenas prácticas, dijo, están la que desarrolla el Juzgado de Garantía de Arica, que programó las causas de VIF en una sola jornada, a cargo de un juez o jueza preferente, que permite dedicarle más tiempo a cada una de las audiencias, de tal manera que exista claridad en cómo se desarrolla cada caso.

“Esto debe ir de la mano con hacerle un seguimiento judicial a las medidas decretadas en cada caso, ya sea las medidas cautelares o, por ejemplo, la suspensión condicional del procedimiento, lo que implicaría una disminución del delito de desacato”, expresó.

ESTEREOTIPOS

La ministra Quiroz manifestó que el estudio también evidencia que hay estereotipos asentados en el Poder Judicial con respecto a la violencia contra la mujer y que, en el caso de las causas penales, no tienen el mérito suficiente para ser consideradas en los tribunales. Esos estereotipos llevan a una revictimización de la mujer durante el periodo que se tramita su causa.

Al finalizar la charla, se efectuó un conversatorio entre la ministra Quiroz y las integrantes del Comité de Igualdad de Género con las autoridades regionales invitadas para conocer este estudio.

Tanto el fiscal Mario Carrera, el defensor Sergio Zenteno y la directora de Sernameg Bárbara Figueroa agradecieron a la ministra por invitarlos a conocer el detalle de este estudio. Del mismo modo, se comprometieron a trabajar cada uno desde sus organismos a colaborar para que las mujeres que sufren violencia intrafamiliar tengan el acceso a la justicia que necesitan.