Más de 3 mil 500 casos que el año anterior, equivalentes a un aumento del 21% de usuarios, tuvo en 2020 la Defensoría Regional de Coquimbo, debido al explosivo aumento de personas imputadas por delitos contra la salud pública, ante la imposición del estado de excepción constitucional de catástrofe.
Así lo expuso la jefa regional del servicio, Inés Rojas, al rendir cuenta pública on-line de la gestión 2020 de esa sede institucional. “Pese al panorama adverso, cumplimos satisfactoriamente nuestras tareas y brindamos defensa penal a 16 mil 339 imputados e imputadas, de los cuales el 17 por ciento fueron mujeres, el 2,7 por ciento extranjeros, el 1,9 por ciento personas indígenas y el 2,7 por ciento menores de 18 años”, señaló.
La abogada expuso que hubo 19 mil 329 delitos ingresados, de los cuales 6 mil 343 (32,8 por ciento) fueron por infringir las normas higiénicas y de salubridad, seguidos por las lesiones, las amenazas y los delitos de la Ley de Tránsito.
Mencionó que el año pasado hubo mil 135 personas que resultaron inocentes o no condenadas en la región, de las cuales 58 permanecieron privadas de libertad. “Específicamente, 25 representados permanecieron entre 0 a 15 días, 28 estuvieron entre 16 días y 6 meses y 5 quedaron por más de 6 meses”, recalcó.
Sobre los delitos contra la salud pública aseguró que han generado un profundo debate a nivel nacional, en el que la Defensoría ha planteado sólidos argumentos jurídicos cada vez más acogidos por los tribunales, sustentados en que la mayoría de los casos son faltas que no admiten detención de las personas, muchas de ellas sin antecedentes penales ni experiencia previa en el sistema procesal penal.
Rojas también detalló una serie de acciones concretadas que dieron continuidad al servicio, por lo que realzó el compromiso de todos los intervinientes para acordar protocolos de actuación en los tribunales orales de La Serena y Ovalle, lo que permitió efectuar 134 juicios presenciales desde 2020 hasta el primer cuatrimestre de 2021, con un adecuado resguardo de las garantías procesales, derechos de los imputados y medidas de protección de la salud.