Tras considerar que en su caso particular, la norma del artículo 318 –que sanciona a quienes ponen en peligro la salud pública- no es aplicable al no tratarse de un delito y, por consiguiente, es inconstitucional, el Tribunal Constitucional (TC) acogió el requerimiento a favor del secretario del Senado, Raúl Guzmán y los funcionarios de la Fiscalía Sur Patricio Rosas y Roberto Contreras, respecto a la investigación por infracción sanitaria que la fiscalía inició en su contra en junio de 2020.

“Una lectura atenta del tipo penal permite advertir que no se indica en éste cuál es el comportamiento específico que tiene la aptitud para provocar el resultado de ‘poner en peligro la salud pública’ en un determinado contexto”, establece la resolución del Tribunal Constitucional.

El fallo sostiene que “así como el artículo 318 del Código Penal posibilita que el ente persecutor penal elija cualquiera de las numerosas, variadas y fluctuantes reglas de conducta contenidas en las resoluciones exentas emanadas del Ministerio de Salud, el nuevo inciso final del mismo precepto deja entregado al arbitrio del Ministerio Público la determinación del procedimiento a aplicar. En efecto, la opción por uno u otro procedimiento dependerá de la sanción que dicho órgano solicite (pena privativa de libertad, multa superior a 6 UTM o multa inferior a dicho monto), para lo que -nuevamente- carece de guía orientadora. La nueva norma no fija ningún parámetro de razonabilidad exigible al ente fiscal. Por lo mismo, como es fácil advertir, una potencial consecuencia de una situación como la mencionada es la ausencia de proporcionalidad”.

Como se recordará Guzmán sostuvo un almuerzo en un restaurante de San Miguel el 25 de junio de 2020 en plena cuarentena y sin respetar el distanciamiento social, acompañado por el fiscal de la zona sur, Patricio Rosas, y el abogado asesor, Roberto Contreras. En septiembre de ese año, presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del Artículo 318, en el marco del proceso penal que el Ministerio Público abrió en su contra, el cual fue seguido por el 11° Juzgado de Garantía de Santiago.

Tras las declaraciones del Tribunal Constitucional se anuló la formalización de Guzmán, Rosas y Contreras, audiencia que pocos días antes había solicitado el Ministerio Público para imputar de cargos a los tres abogados.