La Cuarta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España informó a la Corte Suprema de Chile sobre la reapertura de la investigación en Madrid por el supuesto blanqueo de capitales irregulares de Augusto Pinochet a través del Banco de Chile, perteneciente a Quiñenco, holding del grupo Luksic.
La pesquisa apunta a determinar si el Banco de Chile ayudó a Pinochet y sus asociados a lavar dinero, por montos que se cree fueron expropiados por el exjefe de Estado y transferidos a sus cuentas en el extranjero.
La acción judicial, según ElDiario.es, es impulsada por el abogado Joan Garcés, la Fundación Española “Presidente Allende”, Laura González Vera, viuda de Carmelo Soria, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos y busca representar a más de 20.000 víctimas de la dictadura y a sus familiares, en el contexto de «las acciones de justicia universal que empezaron a instruirse en España a finales de la década de 1990 por parte del juez Baltasar Garzón».
La causa estaba paralizada desde 2010 debido a que el Banco de Chile solicitó que la justicia española declinara su jurisdicción en favor de la de nuestro país, argumentando que investigaban los mismos hechos. Sin embargo, la Sala integrada por los magistrados Carmen Paloma González, Juan Francisco Martel y Fermín Echarri decidió retomar las diligencias.
La investigación incluía una resolución que obligaba al banco a presentar con carácter inmediato una fianza de 77,35 millones de euros, según informó Radio Bío Bío.
Entre los precedentes de la causa, cabe señalar que el banco estadounidense Riggs tuvo que pagar una multa de cerca de 8 millones de dólares para evitar el enjuiciamiento por no informar los esquemas financieros que permitían realizar transacciones ocultas las cuentas bancarias de Pinochet.