Desde el primero de julio de este año, la Defensoría Regional de Tarapacá ha brindado 60 atenciones en el marco del plan piloto de defensa de migrante, cuyo objetivo es mejorar la atención de grupos de personas con peculiaridades especialmente distintivas por su vulnerabilidad.
“Nuestro enfoque procura las ventajas de una visión más especializada, que logra unificar líneas jurídicas y conseguir mayor especificidad en los argumentos para velar de mejor manera por las garantías de los migrantes sometidos a la investigación penal. Ellos son personas que presentan una alta vulnerabilidad por factores económicos, sociales y culturales”, asegura la defensora penal pública Nicole Acuña quien lidera el proyecto junto al trabajador social Francisco Sánchez y el asistente administrativo jurídico Marcos Olivos.
La profesional detalla que la asistencia que entregan a sus usuarios es integral y comienza desde el primer momento en que les soliciten orientación, con una especial consideración en los estándares de derechos humanos fijados por los tratados internacionales vigentes en Chile.
“Cuando les explicamos nuestra manera de atender su situación se genera una confianza especial, lo que ha sido muy positivo para la eficacia de nuestra labor”, remarca la abogada.
De acuerdo con las estadísticas del Servicio Jesuita a Migrantes, la población de estas características asciende a unas 68 mil personas en Tarapacá, que tiene 330 mil habitantes en total. A nivel nacional y con unos 18 millones de habitantes, Chile registra alrededor de un millón y medio de personas migrantes.