90 días tendrá la Superintendencia del Medio Ambiente –SMA– para resolver los procedimientos administrativos pendientes, sobre la pertinencia de someter al sistema de evaluación de impacto ambiental, los proyectos de monocultivos desarrollados por la empresa Forestal Arauco SA, en las inmediaciones del Parque Nacional Nonguén, Región del Biobío.

La medida comenzará a regir luego de que la Corte Suprema acogiera un recurso de protección presentado por organizaciones sociales, ONG y vecinos de Concepción, Penco y Chiguayante argumentando el principio cautelar de rango constitucional, que impone la obligación de velar por el derecho de la ciudadanía a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

“Según se ha resuelto en otras oportunidades, la acción de protección constituye la adjetivación del principio cautelar o principio protector que tiene rango constitucional, en cuya virtud la Administración del Estado tiene el deber de tomar todas las medidas necesarias que permitan a las personas ejercer sus derechos en plenitud, para lo cual se permite adoptar decisiones extraordinarias que posibiliten restablecer el equilibrio, cuando el ejercicio de dichos derechos se vea amenazado, perturbado o amagado por acciones u omisiones de terceros. Tenemos así que, al constituir el mencionado un principio deber, impone una obligación a esta Corte de disponer todo aquello que sea conducente, cuando se dan las circunstancias fácticas que así lo exigen”, establece el fallo.

Para la Sala Constitucional: “(…) en consecuencia, resultando evidente que existe una controversia de relevancia ambiental y que requiere un pronunciamiento del órgano de la Administración del Estado con competencia técnica especializada, para que en base a la evidencia que obtenga luego de un proceso de fiscalización, pueda determinar si se configuran los supuestos para determinar el ingreso de esos proyectos al SEIA. Tal pronunciamiento atendido el riesgo que existe de ocasionar un daño irreparable al ecosistema, en el evento de ser efectivos los hechos que se denuncian, debe ser expresado con rapidez, y a la fecha no aparece que se haya dictado un pronunciamiento sobre la materia, con el consiguiente riesgo para el medio ambiente, esta Corte, ante una amenaza al derecho constitucional consagrado en el numeral 8° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, debe adoptar medidas de resguardo, en los términos en que se expresará”.