«Los parlamentarios que han promovido este proyecto de ley, que puedan indicar qué personas se encuentran en esta condición para nosotros poder determinar el número y la condición procesal en que se encuentran, porque se nos pide un ejercicio que es imposible de realizar», aseguró el fiscal nacional Jorge Abbott, en la Comisión de Constitución del Senado donde se continuaba con la discusión del proyecto que propone un indulto general a detenidos en el marco del estallido social.
Abbott explicó que desde la Fiscalía se ha realizado un “esfuerzo bien importante”, pero aseguró que “siempre nos encontramos con números que no cuadran porque en verdad no sabemos qué entendemos por el concepto de estallido social, manifestación social», consigna Cooperativa.
Recalcó que es la “indeterminación” de conceptos la que dificulta definir el universo de las personas que eventualmente podrían ser indultadas. «Si esto se comete con ocasión de un estallido social, un robo en un lugar cercano de una manifestación, ¿eso corresponde incorporarlo? Esto es un hecho que tendrá que determinarse en cada caso concreto», aseguró.
Durante la discusión de la iniciativa originada en una moción de los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Isabel Allende (PS), Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC) y Alejandro Navarro (PRO), también participó el defensor nacional (s), Marco Montero, quien aseguró que “Si bien este proyecto apunta a un grupo específico de personas sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva (…), creemos que esta iniciativa visibiliza una temática muy preocupante, a juicio de nuestra institución, que tiene que ver con el uso en general excesivo de la prisión preventiva”.
Según cifras de la Defensoría Pública entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020 se ingresaron 39.904 causas asociadas a 44.525 delitos de interés (establecidos en el proyecto). De ellas -con datos hasta el 4 de julio de este año- 1.091 seguían vigentes. Es así como 4.075 causas contaron con el decreto de prisión preventiva o internación provisoria, al 4 de julio de 2021, habían 452 causas con medida cautelar vigente y otras siete causas asociadas a internación provisional. Además, de las 38 mil causas ya terminadas, de las cuales 3.863 tuvieron condenas, 794 de ellas con penas privativas o restrictivas.
“Hay un aspecto que nos preocupa, que tiene que ver con ciertos conceptos que son indeterminados, muy abiertos, y que traería como consecuencia una dificultad en su aplicación” en tribunales aseguró Montero y consigna La Tercera. Advierte que podría generar “disparidad en la aplicación de la norma”.