La Comisión Europea a cargo de Transparencia y Valores Europeos, lanzó su segundo informe del Estado de Derecho, en el que analizó en detalle la situación de los 27 países en torno al respeto de las libertades y derechos fundamentales.

En las 26 páginas referidas a España, Bruselas le urge por segundo año consecutivo a renovar su Consejo Judicial del Poder Judicial, en funciones desde diciembre de 2018. Se refiere a este impasse como un «desafío» y advierte de que a pesar de algunos acercamientos entre el Gobierno y los partidos de la oposición, la esperada reforma está encallada y es muy necesario desbloquearla.

Además, el Ejecutivo comunitario también aplaude la decisión del Gobierno español de retirar la propuesta de renovación de jueces del CGPJ impulsada por el PSOE y Unidas Podemos hace unos meses, argumentando que  “es importante garantizar que la reforma no sea percibida como politizada”, consigna Público.

La situación del Estado de Derecho en España no es comparable a la que afrontan otros países del bloque comunitario en clave deriva autoritaria, como son Hungría o Polonia. La Comisión Europea ha amenazado a Varsovia con sanciones millonarias si no acata las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y si continúa negándose a dar marcha atrás en su controvertida reforma del poder judicial.

Sin embargo, el informe sí que pone de manifiesto fallas en el sistema del país como la incompatibilidad del régimen de jueces y fiscales o la vinculación entre el Gobierno y la Fiscalía. La pandemia de la covid-19 ha exacerbado los puntos flojos del sistema judicial español. Bruselas sigue advirtiendo de que el país cuenta con un número muy bajo de jueces por habitantes y de un sistema administrativo muy poco digitalizado. Todo ello ha provocado que durante la actual crisis sanitaria muchos procesos legales se demorasen sine die. Durante el estado de alarma, por ejemplo, la actividad en los juzgados se redujo a mínimos históricos.

La falta de recursos también está siendo un «obstáculo» para resolver «con eficiencia los casos de corrupción a alto nivel». La pesquisa señala que la corrupción política, la malversación pública y los delitos económicos constituyen los mayores riesgos de corrupción en el país.