El Pleno de la Corte Suprema remitió a la presidencia de Senado y a la de la Cámara de Diputados y Diputadas, el informe sobre el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.911, que crea el tribunal de defensa de la libre competencia, para asignar a dicho tribunal la atribución de dictar instrucciones de carácter general necesarias para fijar precios máximos al consumidor, de alimentos y materiales de construcción, en las circunstancias que indica, tomando en consideración que la iniciativa legal se encuentra en tramitación paralela.

“Por el presente se informa la iniciativa que asigna al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia una atribución que no es propiamente jurisdiccional, la que, además, no se condice con los objetos de este tribunal y, si se sigue la fundamentación del proyecto, responde más bien a la ejecución de una política pública de control de precios o regulación tarifaria, antes que a la prevención, corrección o sanción de atentados a la libre competencia”, sostiene el informe del pleno de ministros.

Desde la perspectiva de regulación económica, la Suprema cuestiona la medida de fijar precios máximos, “debido a que en general pueden producir la escasez de los productos que se intentan hacer más accesibles a la población. En efecto, fijar una atribución como la sugerida por el proyecto en el TDLC, resulta contraria a los fines propios de este órgano jurisdiccional, que precisamente tiene como objetivo defender la libre competencia en los mercados, según el primer artículo del DL 211”.

Además la Suprema asegura que “el proyecto de ley no se refiere a los otros casos de estados de excepción constitucional ni tampoco a la aplicación en zonas territoriales específicas, tanto del estado de excepción constitucional como de la medida de fijación de precios”, añade.

Advirtió que de inisitir en este tipo de reforma se debe acompañar de la modificación al artículo 31° del D.F.L. N° 1 del 2004, “incluyendo la nueva instrucción general dentro del procedimiento y método de impugnación contemplado en este artículo, para así asegurar que la decisión respectiva posea algún grado de control y revisión”.