El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, solicitó a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal analizar la aplicación de las prisiones preventivas en el país, con especial énfasis en los casos derivados del estallido social, aplicación del artículo N° 318 del Código Penal, entre otros.
Se trata de una iniciativa que había sido planteada en julio de 2019, antes del estallido social y debió ser postergado para 2020, sin embargo con la llegada de la pandemia se le dio prioridad a otras temáticas. El 24 de mayo de 2021 se reactivó la subcomisión Gobierno entregó integrada por representantes de la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Defensoría Nacional, Carabineros, la PDI y el Colegio de Abogados y tendrán hasta el 24 de julio para en mesa de trabajo analizar los mecanismos con los que los actores del sistema penal determinan la aplicación de la prisión preventiva.
“De acuerdo a algunos antecedentes que nos proporcionó en su momento la Defensoría Penal Pública, un porcentaje muy alto -que sería cercano al 40% de las personas-, cuando concluyen sus procesos; o es declarado inocente o es condenado a penas que no merecen a penas privativas de libertad y, por lo tanto, no debieran haber estado nunca en prisión preventiva”, aseguró el Ministro Larraín a La Tercera.
Otras alternativa que estudian desde el Ministerio de Justicia es la utilización de un sistema de monitoreo telemático a través de un brazalete o una tobillera, aunque en primera instancia solo está planteado en casos de violencia intrafamiliar. Por ahora, la iniciativa se discute en el Senado con la intención de ampliar esta medida a casos que se encuentran en investigación y utilizarla como una medida cautelar.