El pleno de la Corte Suprema analizó el proyecto de ley que “regula el acceso a servicios sanitarios y atención preferente a personas con enfermedad inflamatoria intestinal, promueve su conocimiento y la no discriminación” de pacientes ostomizados y envió el informe al Senado, advirtiendo “algunos déficits en el diseño de la figura infraccional”.

Además el pleno advierte la conveniencia que “el cumplimiento de la normativa quede radicado en la autoridad administrativa y que sean de conocimiento judicial solamente las reclamaciones en contra de sus decisiones”. Sin embargo resaltaron que la elección de la sede judicial y el procedimiento parecen adecuados.

“El proyecto de ley, en lo que es objeto de este informe, introduce una infracción con sanción de multa de competencia de los juzgados de policía local”, plantea el informe.