En fallos unánimes la Sala de Cuenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró inadmisibles 11 recursos de protección interpuestos en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, por extender el estado de excepción constitucional hasta el 30 de septiembre próximo, prolongación de medidas sanitarias y de restricción de movilidad.

Los recurrentes argumentaban que la medida afectaría las actividades económicas, la salud mental y la vida, sin embargo tras el análisis la Sala desestimó las acciones constitucionales, por considerar que los tribunales están impedidos de involucrarse en resoluciones facultativas del Poder Ejecutivo.

“Atendido el mérito de los antecedentes, estimando esta Corte que los hechos sometidos a su conocimiento se refieren a materias que escapan a la tutela de urgencia propia de este arbitrio, como lo es pronunciarse sobre la legalidad de la prórroga del estado de excepción constitucional, viéndose impedidos los Tribunales de Justicia involucrarse en el ejercicio de una potestad propia del Poder Ejecutivo y visto lo dispuesto en el numeral dos del Auto Acordado del Máximo Tribunal sobre la materia, se declara inadmisible el arbitrio de inicio”, razona el tribunal de alzada.

En Puerto Montt

Por su parte, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt declaró inadmisibles ocho recursos de protección presentados con la misma argumentación. En fallos unánimes la sala consideró que el recurso de protección no es la vía idónea para intentar dejar sin efecto el decreto impugnado.

Para el tribunal de alzada: “(…) del tenor del recurso deducido se desprende que el acto denunciado excede de las materias que son de conocimiento del recurso de protección, no siendo ésta la vía idónea para obtener la pretensión que indica en el petitorio de su presentación, por cuanto solicita dejar sin efecto el Decreto N° 153 de 25 de junio pasado que Prorroga el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Púbica en el Territorio de Chile hasta el 30 de septiembre del presente año, lo que corresponde a medidas adoptadas por la autoridad recurrida para hacer frente a la pandemia que aqueja al país y se enmarca en políticas públicas, gestión que es privativa del Poder Ejecutivo a través de los Ministerios correspondientes y en su caso con intervención del Legislativo, no correspondiendo a los Tribunales de Justicia su determinación, escapando lo pretendido por los actores a la naturaleza de la acción constitucional en comento”, destacó.