En fallo unánime, la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por el Servicio Electoral (Servel) en contra del Consejo para la Transparencia, tras constatar que el Servel introdujo argumentos no planteados durante el proceso administrativo, es por ello que ordenó entregar la información solicitada por ley de transparencia.

“El SERVEL modificó su argumentación, pues solo al tiempo de interponer la presente reclamación centró su discurso de ilegalidad argumentando que el artículo 185 de la Ley 18.700 establece el estatuto de publicidad de la información del proceso y los actores respecto de quienes resulta disponible, según se regula en cada inciso de esa norma, de manera que el sistema de acceso a las copias digitales de las actas de escrutinios, según la citada disposición, se enmarca en el artículo 18 de la Constitución Política de la República, que conlleva que se rija su publicidad por la Ley Orgánica Constitucional, que prescribe que los sujetos activos para solicitarla son los partidos políticos y los candidatos partícipes en el proceso. Finalmente, añade la imposibilidad de entregar las actas digitales, ante la magnitud de la información que debe procesarse, la que podría incluir datos sensibles, sin que sea el SERVEL el órgano llamado a tratarla”, sostiene el fallo.

El Tribunal insistió en que “Nada se dijo en ninguna de las etapas sobre las que se estructura este procedimiento en el orden prejudicial: se omitió aquello que regulaba la propia ley respecto de la copia digital, por lo que le está vedado construir sobre ello la línea argumentativa que permita revocar la decisión. Ante el requerimiento genérico que se formuló, cabía al órgano administrativo fundamentar de manera íntegra, con la totalidad de los argumentos que le impedían cumplir con la solicitud, o al menos esgrimirlos ya habiéndose presentado la petición de amparo ante el CPLT. En consecuencia, no puede ahora agregar defensas a las que siempre pudo acogerse, pues a este respecto ha precluido el derecho a esgrimir el actual fundamento que le a su reclamación”.

“La incongruencia constatada, es de relevancia en tanto, según se apuntó, el examen a que esta llamada esta Corte, se enmarca conforme los términos de los artículos 28 y 29 de la LT y supone la confrontación de la decisión del CPLT con la normativa que rige sus actos, lo que no puede ocurrir o verificarse si los argumentos cambian y se apartan de aquellos que fueron objeto de la decisión que se acusa de ilegal”, añade.