Uno de los temas programados para iniciar la primera sesión de la Convención Constitucional, es la eventual petición de amnistía por razones humanitarias que realizarán al Congreso Nacional, para los condenados por delitos efectuados en el contexto del estallido social del 19 de octubre de 2019. Mientras que en la comisión de Constitución del Senado, también se prevé que esta semana se reactive la discusión del proyecto de indulto para los denominados ‘presos políticos de la revuelta social’.

Es que de acuerdo al último informe de la Fiscalía Nacional, emitido en el mes de marzo se han dictado un total de 4.771 sentencias condenatorias respecto de 3.879 personas a quienes se les ha atribuido uno o más delitos, y 149 sentencias absolutorias correspondientes a 127 imputados.

Según la institución entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, ingresaron 41.075 casos relacionados a delitos de daños, robos, desórdenes y ley de control de armas, entre otros, es por ello que las investigaciones se han enfocado en indagar delitos de incluyen lanzamiento de bombas molotov, incendio, porte ilícito de armas y homicidios frustrados, entre otros.

En mayo, 25 imputados fueron formalizados y se mantenía en prisión preventiva por diversos delitos cometidos entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019. Entre otras causas, se cuentan: un imputado por la comisión de homicidio consumado y tres homicidios frustrados; tres personas por activación y/o lanzamiento de bombas molotov; dos imputados por robo con intimidación o violencia; siete por el delito de incendio; tres por porte ilegal de armas; y otros cuatro por robo en lugar no habitado.

Al respecto, recién electa presidente de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, aseveró que es necesario «conversar el tema por tranquilidad de la Convención». “Nosotros seremos quienes escriban la Constitución y profundizaremos la democracia. Para ello es necesario conversar el tema, hay temas de los presos que no están solucionados”, agregó la académica.

La propuesta de amnistía se encuentra en un documento entregado el sábado pasado que contempla cinco “garantías democráticas” para la “sana instalación” de la Convención Constitucional, que fue firmado por 64 de los 155 convencionalistas.

Uno de las cinco garantías de la propuesta es la demanda al Poder Legislativo de una “más rápida tramitación del Proyecto de Ley de Indulto General en la Comisión de Constitución del Senado, su aprobación, promulgación y publicación sin dilaciones y previa a la instalación de la Convención Constitucional, como un gesto político de justicia hacia quienes protagonizaron el proceso de transformación institucional más importante que ha vivido la historia de Chile y como el primer paso para el proceso de reconciliación que, como país, debemos empujar”, consigna La Tercera.

«La postura del Gobierno no es de hoy, ha sido categórica y clara, desde que se han pretendido iniciativas legales», aseguró el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa sobre las diferentes propuestas sobre un proyecto de indulto para los detenidos, recalcando que en Chile no existen presos políticos, nadie está privado de libertad por sus ideas», consigna Meganoticias.

«Están privados de libertad porque el Poder Judicial ha estimado porque han cometido graves delitos contra la propiedad, se ha atentado contra la vida de algunas personas, se ha generado daño, delitos de incendio y saqueos», insistió.

Senado se abre a «acoger» propuestas

«Vamos a tener una especial consideración para escuchar y acoger las propuestas que surjan de la Convención Constitucional», aseguró la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC) sobre una eventual petición de amnistía a los detenidos en el marco del estallido social y a los presos del Wallmapu, asegurando que se le ha dado un «uso abusivo» a la prisión preventiva en los procesos penales relacionados.

Sin embargo, llamó a los integrantes de la convención a respetar la institucionalidad del Estado, “espero que también la Convención, tal como lo han señalado su presidenta y vicepresidente, tenga respeto por el resto de las instituciones que forman parte de la institucionalidad democrática de nuestro país», consigna Cooperativa.

Revisión de proyecto en el Senado

Esta semana se espera sea puesto en tabla en la comisión de Constitución del Senado, la discusión del proyecto de indulto para los denominados ‘presos políticos de la revuelta social’.

La iniciativa que ya fue aprobada en los comités de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, busca permitir la liberación de personas que hayan sido detenidas entre el 7 de octubre del 2019 y el 9 de diciembre del 2020, en medio de manifestaciones y protestas, por delitos como ‘daños’ o ‘desórdenes públicos’.

“Lo que nosotros descubrimos en nuestro tramitación es que el Ministerio Público da una cifra, el Poder Judicial daba otra, Gendarmería daba otra”, aseguró la presidenta del Senado Yasna Provoste.

“Por eso creo que es muy importante, y valoro este espíritu de diálogo en que a lo mejor el aspecto más relevante que nosotros podríamos tener junto con las agrupaciones de familiares es tener este registro”, dijo Provoste en entrevista con Radio Duna.

Posturas de constituyentes

“Las facultades son del parlamento con una ley de indulto, eso está más que claro, pero sí tú puedes hacer una declaración de intenciones en que, nosotros tenemos claros que llegamos a donde estamos por muchos de aquellos que están presos hoy. Tenemos claro que queremos una ley de indulto”, manifestó el constituyente Daniel Stingo sobre la propuesta.

Opinión con la que concuerda Elsa Labraña quien aseguró a Meganoticias “a nosotros se nos mandató para venir aquí a hacer una nueva Constitución. Nosotros, los convencionales conscientes del proceso histórico que estamos viviendo no queremos cimentar esta nueva Constitución en base a la impunidad e injusticia”.

Por su parte, el constituyente Cristián Monckeberg aseguró que “no me parece bien, no porque el tema no nos importe, el tema es súper relevante y delicado, pero no forma parte de las funciones de la Convención”.

Rodrigo Álvarez, comparte la postura de Monckeberg asegurando que “nosotros discrepamos que sea una de las atribuciones que tiene la Convención. Incluso hay una norma específica del artículo 135 que dice que la Convención no puede intervenir en ninguna materia de otro poder del Estado y esto es propio del Poder Judicial. Espero que el comportamiento de acá en adelante sea sensato”.