Con el objetivo de entregar representación universal a todas las personas condenadas con penas privativas de libertad, hoy comienza a operar en 12 de recintos penitenciarios del país el nuevo modelo de defensa penitenciaria de la Defensoría Penal Pública.

“El nuevo modelo transforma el modo en que la Defensoría Penal Pública prestará asesoría jurídica a las personas condenadas y privadas de libertad. Los principales cambios son la universalidad de la atención, el monitoreo y cautela de los derechos humanos, con énfasis en violencia institucional, y el acompañamiento permanente -con miras a la reinserción social- durante todo el cumplimiento de la pena”, aseguró El jefe (S) del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP) de la Defensoría Penal Pública, Pablo Aranda.

Con la inclusión de la universalidad en el nuevo modelo, todos los internos contarán con un acompañamiento permanente hasta que obtengan su libertad, de esta manera existirán obligaciones de visitas para el equipo penitenciario, las que variarán en su periodicidad de acuerdo con la extensión de la pena.

Aranda destacó el acompañamiento que habrá en el proceso de reinserción social de la persona condenada, lo que se traduce en que las triadas regionales -defensor regional-director administrativo y jefe de Estudios- buscarán gestionar redes de manera estructurada, que les permitan colaborar con Gendarmería de Chile para ampliar el acceso a iniciativas de reinserción social para aquellos internos o internas que lo deseen.

En una primera etapa, el modelo universal de defensa penitenciaria entrará en vigencia en los centros penitenciarios de Alto Hospicio (Tarapacá); Rancagua (O’Higgins); Talca (Maule); Chillán (Ñuble); Femenino de Santiago (Metropolitana) y en todos los recintos penales de la región de Aysén.

Adicionalmente, todas las regiones pilotos verán fortalecida su dotación de equipos penitenciarios con un defensor y un trabajador social dedicado exclusivamente a este tema.

CONDICIONES CARCELARIAS

Con la aplicación del nuevo modelo, los equipos penitenciarios realizarán un monitoreo permanente de las condiciones carcelarias de los condenados, constatando los niveles de hacinamiento, la existencia de agua potable, de baños en buenas condiciones, de alimentación balanceada y de un servicio de salud preventivo.

También se mantendrá un registro y monitoreo de las agresiones y violencia institucional que los condenados puedan recibir de parte de personal de Gendarmería. Al efecto se establecieron conversaciones con el Ministerio Público para coordinar la denuncia y posterior investigación de tales casos.

MIGRANTES

En el extremo norte del país, se dará inicio a la primera etapa del modelo de defensa de migrantes en las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. El modelo es que los migrantes que deban enfrentar al sistema penal cuenten con una defensa de calidad y “para ello hay que hacerse cargo de aspectos culturales y de su situación migratoria, ya que los equipos de defensa de este grupo deben relacionarse con otras instituciones vinculadas con la situación extrajudicial de cada persona”, explicó Aranda.

Este piloto inicial se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, para poder recopilar información que permita evaluar su funcionamiento y determinar si podría reemplazar al modelo de defensa existente hoy en el país.

DEFENSA EN COMISARÍAS

Adicionalmente, hoy también se inicia la instalación del plan piloto del modelo de defensa en unidades policiales en cuatro ciudades del país para velar por las garantías fundamentales de las personas desde que son detenidas, para ello se suscribió un convenio de colaboración con Carabineros, a fin de llevar adelante un trabajo más estrecho entre ambas instituciones.

“Este proyecto constituye un hito en la cobertura de la defensa pública, que permite satisfacer las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile en materia de garantías procesales, así como para salvaguardar la prevención de la tortura y otros tratos crueles, en los términos recomendados por el Comité contra la Tortura”, explicó el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Nacional, Tomás Pascual.