Este martes a las 14 horas el pleno de la Corte Suprema escuchará las exposiciones de los ocho candidatos que postulan por el cupo de ministro del Tribunal Constitucional (TC). Rodrigo Pica es uno de ellos que busca la reelección tras 15 meses en el cargo y una destacada labor que le ha permitido ser considerado un ministro ecuánime dentro de la guerra desatada al interior del organismo.

Durante su tiempo como ministro del TC, Pica suscribió más de 1400 sentencias, de las cuales redactó 160 votos de mayoría, 33 disidencias y 26 prevenciones.

Considerando que la elección del nuevo ministro coincide con el inicio del periodo constituyente, algunos abogados constitucionalista aprovecharon los días previos a la presentación de los argumentos ante la Corte Suprema de los candidatos al TC para comentar a CIPER, sin atreverse a dar nombres, que aunque Pica se presenta como un ministro perfil progresista, en diversas causas se ha alineado con el bloque más conservador del TC, integrado por los ministros Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez, haciendo alusión a dos casos específicos, pero desconociendo los relevantes aportes doctrinarios en centenares de fallos.

Además plantearon un “conflicto de intereses” por dos causas en la que en 2020 participó Pica y votó a favor de clientes del bufete en el que comparten techo el ex ministro de Justicia, Jaime Campos con el destacado constitucionalista Francisco Zúñiga, estudio en el que laboró Pica y al que renunció días antes de asumir el cargo. Sin embargo, como constitucionalista están en conocimiento de esta no es una situación que esté prohibida en la regulación que establece las inhabilidades de los ministros del Tribunal Constitucional.

Pica es considerado uno de los candidatos con mayores opciones para asumir de nuevo el cargo debido a su perfil progresista y con una marcada opción por la protección de derechos sociales. Según consigna El Mostrador es apoyado por los sectores más progresistas e institucionalistas, que intentan cuidar la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional frente a La Moneda. Es en este ultimo punto en el que abogados ligados a dichos sectores señalan que es crucial su permanencia en el Tribunal Constitucional, dado que los sectores progresistas quedaron con un voto menos, durante el gobierno de Bachelet, en el cual a instancias del entonces Ministro del Interior, Jorge Burgos, se quebró el equilibrio entre fuerzas conservadoras y progresistas al interior de dicho tribunal. Los juristas consultados señalan que, si llega a la reelección el TC quedaría con un 6 a 4, que favorece a los sectores más conservadores, de lo contrario el tribunal quedaría en un desnivelado 7 a 3, lo que podría ser muy complicado en las votaciones más «políticas», dejando a un sector sobre representado, incluso algunos señalan que se da una situación muy similar a la ocurrida en Estados Unidos con el nombramiento de una integrante del la Suprema Corte, que fue nombrada por el Presidente Trump poco tiempo antes de dejar la Casa Blanca, generando un desequilibrio que artificiosamente permite a los sectores conservadores controlar las discusiones del máximo tribunal norteamericano.

Es importante recordar que siendo el más joven del Tribunal Constitucional, Pica fue elegido como instructor para analizar la tramitación de un inédito sumario disciplinario contra la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Luisa Brahm, por presuntos malos tratos y acoso laboral. Abogados de la plaza sostienen que si no alcanza la reelección su ausencia debilitaría las investigaciones internas contra Brahm, beneficiando a La Moneda quien intenta sortear todo tipo de obstáculo para que la actual presidenta del tribunal sea designada como como consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Es por ello que desde La Moneda y desde el ala más conservadora y pro empresarial del máximo tribunal han brindado su apoyo a la abogada Sandra Ponce de León Salucci, de perfil conservador y académica de Derecho Administrativo de la Universidad Católica, cuestión que fuentes al interior de Palacio han indicado que es un objetivo estratégico del gobierno, pues dicho órgano de jurisdicción constitucional podría tener un rol clave en poner ciertos frenos a la Convención Constitucional en temas referidos a derechos sociales, al generar decisiones que podrían asentar doctrinas que entrarían en pugnas con la regulación que de dichas materias se establezcan en la nueva constitución, independiente del destino que pueda tener el Tribunal Constitucional en dicho cuerpo normativo.

Finalmente, los consultados destacan la sólida formación académica del abogado Rodrigo Pica, que cuenta con un Magister en Derecho Constitucional obtenido con distinción en la Universidad de Talca, lo que se refleja en la calidad de las clases que imparte en universidades nacionales, tales como la Universidad de Chile, Central y Pedro de Valdivia, como extranjeras en las que es docente invitado en sus programas de posgrado. Asimismo, su libro “control jurisdiccional de la constitucionalidad de la ley en Chile” que ha sido de consulta obligada para quienes litigan ante el Tribunal Constitucional.