El Comité Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef), que agrupa a más de 10 mil defensoras y defensores públicos de América Latina, aprobó la incorporación a las y los DPI’s nominados por Argentina, Costa Rica, México, Paraguay y Brasil, con lo cual este cuerpo especializado aumentó a 28 defensoras y defensores públicos de la región.

La decisión fue dada a conocer a través de una reunión realizada por la organización de manera online en la que yambién se entregaron detalles sobre los encuentros sostenidos entre los directivos de la asociación y el cuerpo de defensores públicos interamericanos, cuya comisión asesora, presidida por la Defensora Regional de Magallanes (Chile), Gustava Aguilar, propuso elaborar un manual que regule la actuación de estos abogados y crear un banco de jurisprudencia y documentos de interés para la tramitación de los casos.

Las y los representantes de las defensas públicas regionales conocieron también los avances del proyecto regional “Modelo y red regional de asistencia jurídica a migrantes”, desarrollado con financiamiento y asesoría del programa EUROsociAL+ de la Unión Europea y que actualmente se encuentra en etapa de instalación, con un plan de trabajo que deberá quedar listo el próximo 24 de junio.

También se informó sobre el estado de avance de varios de los 24 casos que los defensores públicos interamericanos tramitan ante la Corte IDH y los 14 que representan ante la CIDH-, se acordó modificar el reglamento que regula la actuación de los DPI’s ante la CIDH y la Corte IDH, de manera que cada país asociado podrá ahora nominar a tres defensores públicos para esa función.

Capacitaciones

Entre el 5 y el 9 de julio próximo, se desarrollará el curso organizado por la ‘Academia de capacitación continua’ para todos los defensores públicos interamericanos (DPI’s) en formato online.

En esos cinco días, y por bloques de tres horas diarias, estos profesionales de toda la región se capacitarán en diversas temáticas asociadas a una adecuada representación de los casos que deben llevar tanto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).