Con 76 votos a favor, 48 en contra y 16 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca que quienes fueron víctimas de lesiones, mutilaciones o muertes en el marco de las movilizaciones del estallido social de octubre de 2019, tengan menos exigencias de prueba para llevar a cabo un juicio indemnizatorio por lo sufrido.

La iniciativa plantea que se disminuya el estándar probatorio para que las víctimas puedan acceder a la justicia reparatoria. Según informó el diputado Boris Barrera (PC), quien dio a conocer la moción en Sala, el proyecto parte de la base de que el Estado ha incurrido en falta de servicio al no proteger los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de las y los manifestantes.

Según reza el texto de la iniciativa las “movilizaciones sociales en el estallido social” como “cualquier hecho consistente en concentraciones masivas de personas con fines de protesta social o de actos de manifestación ciudadana de cualquier tipo, que se hubiera desarrollado en forma pacífica, aun con la presencia de fuerzas especiales o su sucesora, la Unidad de Control de Orden Público de Carabineros o cualquier funcionario de dicha institución, así como del Ejército, Armada o agentes de la Policía de Investigaciones de Chile y/o cualquier otro agente del Estado”.

Además señala que «se entenderá como víctima a toda persona que, individual o colectivamente, hubiese sufrido lesiones físicas o psíquicas, mutilaciones, tortura, apremios ilegítimos, vejaciones, violencia sexual o a quienes se les hubiese provocado la muerte, como consecuencia de acciones u omisiones de agentes del Estado».

El proyecto plantea una indemnización por parte del Estado, la cual «tendrá que ser de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la vulneración considerando todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones de las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos».

Dadas las indicaciones ingresadas, el proyecto deberá volverá a ser revisado en la comisión de Derechos Humanos.