Tras analizar el proyecto de ley que “crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial”, la Corte Suprema consideró que la iniciativa introduce mejoras al sistema de nombramiento de jueces vigente y fortalece la independencia del Poder Judicial.

“Como se ha podido observar en el presente informe, el proyecto de Ley que ‘Crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica sistema de nombramientos en el Poder Judicial’ puede constituir un avance para mejorar el sistema de nombramientos de jueces vigente y contribuir a la independencia judicial”, sostiene el informe.

Sin embargo, en el informe su remitido a la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputada, el pleno realizó una serie de observaciones a la propuesta.

Consideró que la forma y constitución propuesta de la Comisión de Nombramientos Judiciales “parece regresiva, por ser centralizada y concentrada en un escaso número de personas de origen mayoritariamente político, sin representación de las regiones y con facultades fuertemente discrecionales”.

Según el informe, “el mecanismo propuesto no pareciera generar mayores equilibrios, por cuanto lo que antes era de competencia del Poder Judicial, a través de sus Cortes, se traslada a una comisión de cinco personas sin prever una fórmula en su composición que de seguridades para la experiencia de su desempeño, pues incluso no se exige a aquéllas contar con título profesional y experiencia ligada a la judicatura (así, sólo se les exige haber estudiado una carrera de al menos 8 semestres, con lo que queda excluido que necesariamente sean abogados)”.

Es por ello que la Suprema propone considerar la participación de miembros del poder judicial en ella, introducir elementos regionales, extender sus facultades y atribuciones a los jueces de tribunales especiales, y por último, otorgarle rango constitucional.

Además consideró que se hace necesario “eliminar o morigerar la participación de los diversos poderes del Estado en la selección de los integrantes de la comisión, para suprimir su carácter político y asegurar la independencia de sus miembros. A su vez, cabría recomendar incorporar a jueces dentro de esta comisión, y que exista un elemento democrático en la elección de algunos miembros. Por otro lado, es sugerible que la presidencia sea ejercida por un miembro procedente de la carrera judicial, elegido entre sus pares de la Comisión”.

En el mismo sentido, detalla el informe que el funcionamiento de esta Comisión “demanda establecer criterios objetivos de decisión, en que se incluya la antigüedad y experiencia de los candidatos y la necesidad de fundar de modo preciso y detallado sus decisiones”.

“Respecto del Consejo consultivo, parece aconsejable reflexionar sobre la existencia de esta figura, e incorporar algunos de sus integrantes dentro de la Comisión Nacional de Nombramientos. Por otro lado, en caso de que se insistiera en mantener esta institución, se sugiere definir de forma clara y precisa cuál es su función, determinando en qué sentido y en qué tareas puede asesorar a la Comisión. Asimismo, en el caso de la integración, se reitera la necesidad de tener presencia y representación regional”, detalló.

En relación a los procedimientos de nombramiento, la Suprema estableció que “la propuesta se encuentra, a grandes rasgos, alineada con estándares internacionales en la materia, así como también con las opiniones manifestadas previamente por la Corte Suprema. Sin embargo, llama la atención que, si el foco del proyecto es la independencia judicial, no se haga cargo de otros aspectos vinculados a ella, especialmente de la noción de carrera judicial, la que podría ser radicalmente afectada de acuerdo a lo ya expresado en este informe.

“Resulta llamativo que el diseño del nuevo procedimiento de nombramientos, a cargo de una Comisión especialmente nombrada para ello, sea aplicable sólo al escalafón primario. En este sentido, no se cumpliría con el objetivo de descargar a los tribunales superiores de la gestión y ejercicio de labores de gobierno judicial”, insistió el tribunal.

En el caso de las normas de transparencia y agenda pública, el máximo tribunal detalló que se observa que el proyecto cumple con los estándares sobre la materia. En relación a la regulación aplicable a las visitas judiciales advierten sobre la concordancia y sistematicidad con otras reglas que afecten el régimen disciplinario.