El modelo de defensa a personas imputadas en unidades policiales, desarrollado por la Defensoría Penal Pública con el apoyo del programa EUROsociAL+, fue destacado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, durante la cuenta pública 2020 de la cartera.
Durante 2020 la Defensoría Penal Pública atendió un total de 359 mil 304 causas, de las cuales el 88,23 por ciento correspondieron a hombres.
Este modelo “busca materializar la cautela y resguardo de los derechos humanos en la primera etapa del proceso penal, momento en el que él o la imputada se encuentran más indefensos y vulnerables”, detalló el ministro quien además informó comenzará a funcionar como piloto en cinco regiones del país.
Durante su alocución Larraín también anunció que “para fortalecer la independencia institucional de la Defensoría Penal Pública” se presentará una iniciativa “que busca el reconocimiento expreso de su naturaleza autónoma”.
Explicó que este proyecto de ley propone crear un consejo de la defensa penal pública que tendrá como funciones la revisión, evaluación y control de los procesos y actividades de la Defensoría Penal Pública, dando paso a un organismo de naturaleza consultiva estratégica.
Agregó que “se contempla la adecuación de los procesos de nombramiento y remoción del Defensor Nacional y su duración en el cargo de designación mixta, que combina la intervención del Consejo de la Alta Dirección Pública, el Consejo de Defensa Penal Pública, el Presidente de la República y el Senado”.