La Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado en contra del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y le ordenó otorgar cobertura a todas las prestaciones brindadas a paciente oncológico en el Hospital Clínico de la Universidad Católica de Garantías Explícitas de Salud (GES), debido a la incapacidad del primer prestador, el hospital San Borja Arriarán, de otorgarle oportunamente las atenciones que requería.

“Sin embargo, la controversia se suscita porque la recurrida sustenta su rechazo a otorgar la cobertura de la ley de urgencias, respecto de las prestaciones de salud recibidas por el actor los días 5 y 6 de abril de 2018 en el Hospital Clínico Universidad Católica, sobre la base que los antecedentes clínicos no corresponden a un cuadro de riesgo vital o secuelas graves, por lo tanto, a estos efectos sólo cabe otorgar la cobertura bajo la Modalidad Libre Elección”, consigna el fallo causa rol 138-317-2020.

“Que, de los antecedentes médicos de que se vale la recurrente, si bien no se acredita la condición de riesgo vital de éste, aparece el carácter impostergable e inmediato de las prestaciones de salud recibidas en consideración a las manifestaciones clínicas que evidenciaban el agravamiento de su patología, circunstancia que determinó su inmediata internación, la realización de una transfusión de sangre y del tercer ciclo de quimioterapia.

Por lo demás, cabe destacar que los ciclos previos de quimioterapia fueron otorgados por el mismo hospital universitario al ser designado como segundo prestador ante la deficiencia del establecimiento de salud pública, con el principal objetivo de procurar dicho tratamiento, mismo que recibió el actor durante la internación cuya cobertura se rehusó la recurrida a financiar”, añade.

Para la Corte Suprema: “(…) de acuerdo a lo expresado, es preciso señalar que yerran los sentenciadores al estimar que la materia discutida estaba siendo conocida por la Superintendencia de Salud, en su calidad de tribunal, puesto que consta en los antecedentes del proceso, que en dicha sede la discusión estuvo centrada en la procedencia de la aplicación de la ley de urgencias sin que se abordara en dicha instancia administrativa ni por los sentenciadores del grado, el meollo del asunto a resolver que se refiere a la extensión de las prestaciones que debe brindar el segundo prestador designado y la cobertura que le corresponda otorgar por la recurrida”.

“Que, conforme lo antes expuesto y razonado, el actuar de la recurrida en orden a no proporcionarle al actor el financiamiento GES que corresponde a las prestaciones de salud recibidas los días 5 y 6 de abril de 2018 en el Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que por lo demás corresponden a la continuidad de la atención dispuesta en su favor y recibida previamente, carece de razonabilidad y vulnera las garantías constitucionales enunciadas en su recurso, razón por la que el mismo será acogido en los términos que se expondrán en los resolutivo de este fallo”, concluye el fallo.