Ante el Tribunal Judicial de París deberá comparecer hoy el exmandatario Nicolás Sarkozy, acusado de financiar ilegalmente su frustrada campaña presidencial de 2012, en la que los gastos habrían alcanzado los gasto de 42,8 millones de euros, frente a los 22,5 millones autorizados.
Sarkozy se habría valido de facturas falsas de Bygmailion y su filial Event & Cie, la empresa encargada de organizar los mítines y encuentros de campaña, para alterar los gastos que doblaban el tope del gasto impuesto por la ley. La sanción para este delito puede ascender a un año de prisión y 3.750 euros de multa.
Junto a Sarkozy, 13 imputados, altos cargos de su partido, miembros del equipo de campaña y directivos de la empresa Bygmalion, comparten el banquillo de los acusados. La fiscalía tratará de demostrar que Sarkozy, que niega haber estado al tanto de las facturas falsas, no podía ignorar la manipulación de las cuentas de su campaña. «Fueron el candidato y su equipo más cercano quienes optaron por centrar la campaña en espectaculares y costosos mítines y por confiar la organización a agencias especializadas [como Bygmalion]», escribe el juez de instrucción, Serge Tournaire, en su informe de remisión.
El ministerio público reconoce que «la investigación no [ha podido establecer] que Nicolas Sarkozy hubiera ordenado [la malversación], ni que hubiera participado en ella, ni siquiera que hubiera sido informado de ella». Sin embargo, para el magistrado, «no hay duda de que [el candidato] se benefició de los fraudes revelados por la investigación».
A mediados de marzo, dos semanas después de la condena de Sarkozy a tres años de prisión, dos de ellos con suspensión de pena, por corrupción y tráfico de influencias en el affaire Bismuth, este nuevo juicio fue aplazado a petición de uno de los acusados cuyo abogado contrajo el coronavirus. Reiniciado este jueves, se espera que el proceso se extienda hasta el próximo 22 de junio.