Tras una consulta formulada por un miembro de la carrera judicial, la Comisión de Ética Judicial, órgano independiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España, ha alertado del «elevado riesgo de lesión de los principios de independencia e imparcialidad» que puede darse cuando un juez regresa al juzgado tras haber pasado por el poder ejecutivo o legislativo.
En el ordenamiento jurídico español, a diferencia de lo que ocurre en otros países del entorno, no existe ninguna prohibición para que un juez retorne al ejercicio de la jurisdicción tras desempeñar cargos políticos, ni debe respetarse ningún periodo de «abstención o enfriamiento».
Según la Comisión, en los casos de puertas giratorias entre la política y la justicia se ven afectados dos de los «Principios de ética judicial» que deben observar los jueces y que les obligan a no dañar la imagen de la independencia judicial y a reafirmar la confianza de los ciudadanos en la justicia siembre que sean reconocidos como jueces, aunque actúen en otro ámbito.
En opinión de la Comisión, el riesgo de lesión de la apariencia de independencia e imparcialidad aumentará con la exposición mediática o pública y con la participación activa en actos de partido o petición de voto, ya que los ciudadanos pueden percibir al juez como «parte misma de una ideología u opción política», consigna el portal Expansión.
«En todas aquellas facetas donde el juez o magistrado sea reconocible como tal por la sociedad, deberá abstenerse de comprometer o perjudicar la percepción que, en un Estado democrático y de Derecho, tiene la sociedad sobre la independencia del Poder Judicial», recalcó.
En estos momentos varios jueces ocupan escaño en el Parlamento y tres forman parte del Ejecutivo: los titulares de Justicia, Juan Carlos Campo; de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y de Defensa, Margarita Robles.