A raíz de los últimos fallos de la Corte Suprema que despenalizó la infracción a la restricción nocturna, entendido que cuando las personas no andan en grupos o no se dirigen a fiestas no habría riesgo de afectar la salud pública, el Ministerio público informó cambios de criterios en el accionar de fiscales durante la indagatoria delitos sanitarios.

Este martes, culminada la reunión semanal fiscales regionales realizada vía Zoom, los persecutores recibieron un correo electrónico en el que se les informaba el cambio en los criterios de indagación con respecto a los de delitos contra la salud pública en relación al Artículo 318 inciso primero del Código Penal. “Los fiscales deberán tener presentes los criterios casuísticos asentados por la Corte Suprema para casos de infracción de aislamiento nocturno, debiendo iniciar investigación penal solo en aquellos casos donde se constate el riesgo hipotético requerido” por el máximo tribunal.

De esta forma, al no tratarse de un asunto penal, “los fiscales deberán informar a los funcionarios policiales encargados del procedimiento que el organismo facultado para imponer sanciones, ante la infracción sanitaria, corresponde a la Seremi de Salud”. Y que en estas situaciones, “los fiscales deberán sugerir a los funcionarios policiales la remisión de los antecedentes a la autoridad sanitaria”, consigna La Tercera.

Posible modificación de meta de gestión institucional genera tensión en fiscales

La semana pasada, El Fiscal Nacional Jorge Abbott, anunció durante la entrega de la cuenta pública del Ministerio Público, la creación de una Unidad Especializada en Derechos Humanos quienes serán los encargados de elaborar un plan de contingencia para examinar los criterios de actuación en la persecución de los ilícitos por violaciones a los derechos humanos en causas archivadas, de esta manera determinar la reapertura de estas indagatorias si es que existen razones que lo fundamenten.

Este martes el Fiscal Nacional profundizó en el tema durante la reunión de fiscales regionales. Además de plantear la creación de un equipo especializado para ver la reapertura de estos casos y de anunciar que en los próximos días se dará a conocer un documento  con los criterios de actuación por estos ilícitos, que incluirá la persecución de la responsabilidad del mando de las instituciones involucradas en delitos de lesa humanidad, se asomó la posibilidad de que la persecución de estos ilícitos se transformara en una meta de gestión institucional, según algunos fiscales presentes en la reunión.

Esta situación, según consigna La Tercera generó ruido en algunos fiscales, tomando en consideración que las metas institucionales están enfocadas actualmente a los delitos en contra de la salud pública y la aplicación del Artículo 318 del Código Penal, debido al aumento de dichas causas por la contingencia sanitaria.

Un grupo de fiscales habría criticado la posibilidad de que la persecución de los ilícitos de DDHH transformara en una meta de gestión institucional, tomando en consideración que el número de causas es menor con respecto a otras de indagación penal, como por ejemplo el alza en un 20% de los delitos de homicidios durante 2020 alertado por Abbott durante su cuenta pública.

Sin embargo, según consigna La Tercera, otros fiscales vieron lo indicado ayer por Abbott solo como un mensaje que los llama a seguir adelante en su trabajo y agotar las investigaciones por delitos de lesa humanidad.