El 25 de junio de 2020, el fiscal Patricio Rosas y al abogado asesor Roberto Contreras, compañía del secretario del Senado Raúl Guzmán, acudieron al restaurante de mariscos “Loyola” ubicado en San Miguel, violando la fase de cuarentena, sin usar mascarillas, ni respetar la distancia física.

Este almuerzo originó que el Ministerio Público iniciara un proceso administrativo contra fiscal Patricio Rosas y al abogado asesor Roberto Contreras, que tras casi un año de investigación terminó con la destitución de sus cargos, tras la resolución realizada por el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros.

Barros confirmó la proposición del fiscal administrativo del caso, Christian Toledo, quien estimó que se hacían insostenible la continuidad de Contreras y Rosas en el Ministerio Público.

Entre los antecedentes presentados se encuentran, según consigna Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la violación a la prohibición de circular en medio de la cuarentena decretada por la autoridad, el incumplimiento de los protocolos sanitarios durante el almuerzo y al regresar al edificio que aloja a la Fiscalía Sur, donde no se midieron la temperatura y usaron accesos laterales, para evitar los protocolos sanitarios y de seguridad.

Además del uso indebido del permiso de desplazamiento y no mantener una conducta funcionaria intachable, entre otros aspectos disciplinarios.

Se espera que en los próximos días Contreras y Rosas sean notificados. Ellos podrán presentar una reconsideración ante el fiscal Barros para la rebaja de la sanción, si este se negara, su último intento es recurrir ante el fiscal nacional, Jorge Abbott, consigna Radio Bío Bío.

Como se recordará fue el Fiscal Nacional Abbott quien designó a la jefa regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, para que iniciara una investigación penal, que fue frenada luego de que Contreras y Rosas recurrieran al Tribunal Constitucional (TC) solicitando se desestimará esta sanción ya que ellos había cumplido con la multa de 2 millones 500 mil pesos que les cursó la Seremi de Salud de Santiago. El TC acogió los argumentos y prohibió que fueran formalizados ante la justicia.