Tras la toma de poder de la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, su primer anuncio fue la destitución de los jueces que integran la Sala Constitucional de la Corte Suprema, por supuestamente cometer «fraude a la constitución» y violar la separación de poderes.

El parlamento, elegido hace dos meses, resultó con la mayoría oficialista aliados de Nayib Bukele. La iniciativa de remoción de los jueces fue admitida para su votación con dispensa de trámite con 64 votos de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, todos del oficialismo.

Los magistrados que pretenden destituir son el presidente de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jose Armando Pineda, y los magistrados propietarios Aldo Enrique Cáder, Carlos Sergio Avilés, Carlos Ernesto Sánchez y Marina de Jesús Marenco, informó AFP.

Del mismo modo, le dieron luz verde a destituir al fiscal general, Raúl Melara, de quien dijeron que tiene «vínculos» con el partido opositor Arena que pondrían en tela de juicio su independencia, aseguraron.

Tras la votación en la Asamblea, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución para declarar la destitución de sus magistrados «inconstitucional, debido a que viola la independencia judicial».

El organismo argumentó que «con una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el órgano Ejecutivo y Legislativo», la decisión de los diputados «incide negativamente en el control del ejercicio del poder» que efectúa la Sala de lo Constitucional.

La Sala aseguró que la destitución «no está precedida por las garantías procesales necesarias para asegurarla», e incluso si hubiese contado con un proceso previo, «afecta la dimensión externa de dicho principio formal, que exige la ausencia de presiones por parte de los demás órganos del Estado».

El presidente Bukele tuvo públicos enfrentamientos con los magistrados de la CSJ después de que resolvieran recursos en contra de algunas medidas que él intentó adoptar durante la pandemia. En abril del año pasado, por ejemplo, llegó a anunciar que no acataría una sentencia relativa a los confinamientos forzosos para quienes no cumplían la cuarentena.

Este domingo, la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, mostró sus «profundas preocupaciones sobre la democracia de El Salvador».

«Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte», escribió en Twitter.

Horas antes, el secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, dijo que se había comunicado con Bukele para expresarle la «gran inquietud» de su gobierno por lo ocurrido tras la decisión de «socavar al más alto tribunal de El Salvador y al fiscal general Melara».