Para que se acuse al Presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad, este jueves el exjuez Baltasar Garzón junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH) y otros organismos internacionales, recurrieron a la Corte Penal Internacional (CPI).
Los casos “son fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final”, reza parte del oficio que los recurrentes dirigieron a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda.
“Además, los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la ley. Todo ello hace procedente y necesario el ejercicio de la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional”, agrega el documento.
El objetivo del oficio es que se pueda declarar la admisibilidad del caso para luego dar paso al proceso investigativo contra del Mandatario y de sus colaboradores civiles, militares y policiales, por hechos cometidos “de manera generalizada y sistemática” desde octubre de 2019. Esta última etapa podría durar hasta 10 años.