El Fiscal Nacional Jorge Abbott, durante su alocución en la entrega de la cuenta pública del Ministerio Público, planteó la necesidad de contar con una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos (DDHH), tomando en consideración que durante 2020, la Fiscalía ha formalizado 57 causas por violaciones a los DD.HH, con 118 imputados, de los cuales 113 son carabineros, 4 del Ejército y 1 de la Armada.

“Estas causas por su naturaleza requieren tiempo para lograr su esclarecimiento y juzgamiento. Ello derivado que las persona investigadas son agentes del Estado, encargados precisamente del control del orden público y de investigar los delitos. Y que mucho de estos hechos se produjeron en el contexto de manifestaciones muy masivas lo que ha dificultado la identificación de los autores individuales y la imposibilidad de asegurar y/o resguardad el sitio del suceso entre otros obstáculos. Además, no hemos podido contar con recursos policiales específicos para este tipo de delitos y personal investigativo especializado con presencia en todas las regiones del país. Urge que como Estado se destinen más recursos para avanzar en estas investigaciones, especialmente para la policía y para el Servicio Médico Legal”, declaró Aboott y consignó La Tercera.

Para avanzar en la temática de DDHH, informó que en los próximos días dictará un nuevo oficio que actualizará los criterios de actuación en causas de violaciones, que abordará las principales obligaciones internacionales en materia de investigación de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y desarrollará criterios diferenciadores entre dichos delitos, como también en sus formas de autoría y participación, incluyendo la de los superiores jerárquicos respecto de los autores directos.

Además el Fiscal Nacional anunció que se implementará un plan de contingencia para revisar causas de violencia institucional denunciadas desde octubre de 2019 archivadas o cerradas con decisión de no perseverar, con el propósito de apoyar a los equipos regionales en la reapertura de estas indagatorias si es que existen razones que lo fundamenten.

«Esta revisión priorizará los casos de violencia institucional donde el imputado es conocido, que involucren tortura, lesiones graves o tengan connotación sexual. Asimismo, tendrán especial interés las causas que hayan afectado a niños, niñas y adolescentes y aquellas en las que existan querellas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, el Consejo de Defensa del Estado y la Corporación de Asistencia Judicial», especificó Abbott.

Respecto de la violencia rural, el Fiscal Nacional comprometió poner en marcha en el plazo de un mes un plan de trabajo nacional, con cuatro ejes de acción: la conformación de equipos interregionales para abordar la violencia rural, una coordinación efectiva con las policías, el establecimiento de enlaces con el gobierno, y el diseño de un apoyo integral para la protección de las víctimas de violencia rural. «Estamos conscientes que detrás de estos actos de violencia rural hay un creciente catálogo de hechos criminales anexos, como el aumento en las usurpaciones, la sustracción de madera, y el tráfico de drogas y de armas, los que deben ser investigados como un fenómeno común», señaló en su intervención.