La Corte de Apelaciones de Santiago aplicó una multa de 50 UTM (unidades tributarias mensuales) a la empresa CAR SA, filial de Banco Ripley, a cargo de la operación y administración de tarjetas de crédito de la entidad bancaria, por infringir la ley de protección de los derechos de los consumidores.

En fallo unánime (causa rol 831-2019), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Miguel Vázquez, Elsa Barrientos e Inelie Durán– estableció que la denunciada faltó al deber de seguridad en la prestación del servicio contratado por cliente que fue víctima de operaciones fraudulentas.

«Que de las probanzas rendidas en autos, no hay ningún antecedente que permita presumir siquiera que la entidad bancaria haya actuado con la debida diligencia en la prestación del servicio contratado por el consumidor afectado, en el sentido de otorgar la ‘seguridad’ que requiere dicho servicio en los términos de los artículos 3° inciso primero letra d) y 23 antes transcritos.

Cabe dejar constancia que a este respecto correspondía a CAR S.A. denunciado el onus probando sobre el punto referido, lo que en la especie no ha ocurrido», sostiene el fallo.

La resolución agrega: «Que lo relevante en las operaciones fraudulentas, es que la denunciada, al recibir los cheques de un tercero –los días 30 de noviembre, 5 y 8 de diciembre, de 2017–, abonados a la cuenta del consumidor, al presentar problemas, procedió a protestarlos conforme fueron emitidos, en distintas fechas –los días 5, 12 y 13 de diciembre de 2017–, empero al mismo tiempo fue aumentando el cupo disponible, en cada oportunidad, sin comunicarse con el afectado, lo que hizo tardíamente, sin que sus controles de seguridad hubieren detectado nada anormal, y sin contar con la autorización o conocimiento del cliente en cuestión».

«Es así como la denunciada debió efectuar un análisis desde que se produjo el primer protesto, lo que omitió y, por el contrario, autorizó unilateralmente un aumento asociado a la tarjeta de crédito, lo que facilitó continuar en el proceso de fraude, al advertirse por un tercero ajeno la debilidad que presentaban los procedimientos o mecanismos de seguridad de la empresa», añade.

Para el tribunal de alzada, en la especie: «(…) el banco debió observar que los gastos o compras efectuadas y cargadas en el plástico bancario, no se avenían con el comportamiento comercial que el consumidor registraba, lo que pudo cotejar y verificar de los Estados de Cuenta Tarjeta Ripley, documentos varios que se encuentran agregados en autos y, que denotan que el uso normal correspondía a montos muy inferiores a los reclamados y desconocido por el cliente».

«Que sin perjuicio de lo ya dicho –continúa–, se advierte que la denunciada, en su presentación de fojas 76, hace afirmaciones que no son efectivas, esto es, que el cliente reconoció haber efectuado las operaciones, que fueron autorizadas y realizadas por el mismo, que el dinero que se obtuvo de la cuenta de la Tarjeta Ripley fue depositada a su solicitud, en una cuenta que el propio actor posee en el Banco del Estado, dichos que no se condice con los antecedentes aportados».

«Que, en consecuencia, encontrándose acreditado uno de los cargos que motivan la denuncia, de lo cual da cuenta el documento de reclamo ante el Banco Ripley, denuncia ante SERNAC, parte policial, correspondencia emanada de la entidad bancaria, cartolas del consumidor afectado, declaraciones prestadas, ha de concluirse que, la reclamada al no cumplir con su deber de ‘seguridad’ respecto de los servicios contratados, ha incurrido en la infracción referida en el inciso primero letra d) del artículo 3° de la Ley N° 19.496, que se encuentra sancionada en el artículo 24 del mismo cuerpo legal, con multa de hasta 50 unidades tributarias mensuales», concluye.