El presidente de la Corte de Apelaciones de Arica, Mauricio Silva, entregó un detallado informe del trabajo, los proyectos y las inversiones realizadas en la jurisdicción durante el año judicial 2020, periodo marcado por la pandemia Covid-19, destacando que «se realizaron todos los esfuerzos para mantener el servicio judicial en Arica».

En su calidad de presidente del tribunal de alzada, el ministro Silva dio cuenta de los meses que ejerció la presidencia del Consejo de Coordinación Zonal de Arica, que estuvo centrado en el teletrabajo. De hecho, dijo que desde que la autoridad decretó el Estado de Excepción Constitucional, la Corte de Arica implementó el sistema telemático, llegando el 86,36% de los funcionarios judiciales a teletrabajar desde sus hogares.

El ministro Silva explicó que, pese a que las jurisdicciones se resintieron con el recorte presupuestario en toda la administración del Estado, la jurisdicción local ejecutó sin contratiempos sus proyectos: «Existe satisfacción en la jurisdicción por el trabajo realizado durante este año judicial. A pesar de los recortes que se hicieron al presupuesto, se logró materializar los proyectos para este año judicial», dijo.

Entre las iniciativas desarrolladas, destacó la modificación de los mesones de atención de público con accesibilidad universal para la Corte de Apelaciones y el Juzgado de Letras del Trabajo, donde se invirtió $20.707.699, el sistema de televigilancia en los juzgados por un monto de $8.112.230, la instalación de láminas antivandálicas post 18 de octubre con un monto de $10.599.144 y la compra de las nuevas oficinas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), donde se invirtió $955.877.778.

PROYECTO

El ministro Silva contó que el año pasado comenzaron las gestiones para ampliar las instalaciones de los tribunales penales, para lo cual se desarrollaron las primeras reuniones en la ciudad y la propuesta fue enviada a la Corte Suprema y el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ): «La iniciativa busca contar con la infraestructura necesaria para hacer frente al aumento considerable de causas ingresadas tanto en el Juzgado de Garantía como en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad, que en los últimos años debe hacer frente a la sobrecarga laboral de jueces y funcionarios», dijo.

A nivel jurisdiccional, en la Corte de Apelaciones y los restantes tribunales ariqueños –en materia penal, laboral, de familia y civil– ingresaron 49.604 causas, «disminuyendo en menos de un 10 % respecto del ingreso de 2019, no obstante la emergencia sanitaria que redujo las actividades del país». 

El presidente de la Corte de Arica agradeció el compromiso y profesionalismo de jueces, secretarios, administradores y funcionarios de los tribunales y la CAPJ local durante su gestión al mando de la jurisdicción. «La pandemia nos acompañará durante el resto del año, pero vamos a seguir operando y prestando el servicio judicial de la forma más eficiente, tal como lo hemos hecho hasta ahora; y eso se hará con el profesionalismo de toda la jurisdicción», dijo.