La Corte Suprema rechazó los recursos de nulidad deducidos en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, que condenó a los recurrentes a 6 años de presidio efectivo, como autores del delito consumado de tráfico de estupefacientes (ketamina). Ilícito perpetrado en agosto de 2019, en la localidad de Cuya, Arica.

En fallo dividido (causa rol 139.995-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal del país –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Juan Manuel Muñoz Pardo y Juan Pedro Shertzer– descartó infracción de ley en el control de identidad practicado a los condenados.

«Que, en lo que interesa a la causal principal invocada por los recursos deducidos, en primer lugar cabe recordar que el artículo 4 de la ley N° 18.290 faculta a carabineros para supervigilar el cumplimiento de las disposiciones que dicha ley establece. Asimismo, el artículo 6 de la misma ley señala que los conductores de vehículos motorizados deben llevar consigo su licencia y un certificado de seguro obligatorio de accidentes, los que pueden ser requeridos por la autoridad fiscalizadora. De esta forma, resulta claro que Carabineros está facultado para requerir la documentación de un móvil y los elementos de seguridad que la ley exige para una conducción segura. En tal sentido, el funcionario Rodrigo Fierro González relató al Tribunal que ‘el día 13 de agosto de 2019, a eso de las 2:20 de la mañana llegó hasta dicho control un bus de la empresa San Andrés, patente JSBD.41, que tenía un itinerario Arica-Santiago con intermedios, por lo que procedieron a la fiscalización de la documentación del conductor y del bus, luego se solicitó a los pasajeros que descendieran voluntariamente de la máquina, a lo que accedieron'», consigna el fallo.

La resolución agrega que: «Es en estas iniciales circunstancias que los policías ingresaron al bus y procedieron a revisar el móvil de atrás hacia adelante, con el objeto de detectar eventuales correos humanos que esconden la droga en los buses, oportunidad en la cual según se relató por el funcionario Fierro González, tanto él como Walter Antilef, percibieron en la parte trasera del móvil ‘un fuerte olor a ácido’, identificando en el respaldo del asiento 48, al costado del asiento 46, y bajo el asiento 47, botellas de las cuales provenía el hedor, las que en su interior contenían una sustancia viscosa y que tenían un peso superior al que daba cuenta el envase, que consignaba ser ‘agua mineral'».

«De esta forma, el control vehicular inicial del bus patente JSBD.41, derivó en un control de identidad amparado por el artículo 85 del Código Procesal Penal, en el cual se faculta a los funcionarios policiales a proceder al registro de las vestimentas, equipaje y vehículo de la persona cuya identidad se controla, cuando según las circunstancias se estimare que se ha cometido un crimen, simple delito o falta. Así las cosas, la constatación en terreno por parte de los citados funcionarios de un fuerte olor ácido, que provenía de botellas que se encontraban distribuidas en los asientos, cuyo contenido no resultaba consistente en la naturaleza y peso que expresaba el envase constituye un indicio suficiente para proceder a las diligencias que el citado control de identidad autoriza, desde que un fuerte olor a cualquier tipo de droga permite presumir fundadamente que se traslada este tipo de sustancia prohibida», añade.

Para la Corte Suprema: «(…) al contrario de lo argüido por el recurso, el hedor de una sustancia, es un elemento objetivo tanto como cualquier otro rasgo definitorio e individualizador de un objeto que puede ser probado en juicio por cualquier medio de prueba pertinente, conforme a la libertad probatoria que consagra el artículo 295 del Código Procesal Penal y, por consiguiente, puede formar parte de las circunstancias objetivas que constituyen un indicio habilitante para el control de identidad de una persona, tal como así ya lo ha resuelto esta Corte en la causa Rol N° 26.171-18 de 5 de diciembre de 2018 y 25-19 de 12 de diciembre de 2019, al declarar que el ‘fuerte olor a marihuana‘ percibido por los policías junto a otras circunstancias, puede constituir un cúmulo de ellas que, fundadamente, den lugar a un indicio de que el imputado había cometido un delito o se aprestaba a cometerlo».

«En el mismo sentido –prosigue– y, complementando lo anterior útil resulta recordar que carabineros regularmente realiza este tipo de controles, muchas veces asistidos por perros quienes detectan este tipo de aroma en equipajes de buses interprovinciales o en aduanas, sin que se estime que ello escapa de la normalidad del procedimiento, lo que no significa, como insinuó la defensa en estrados, que como el olor no fue percibido por perros –con los que por cierto la policía no contaba en esa oportunidad– el indicio no resulta objetivo y habilitante para el control de identidad. En efecto, uno de los funcionarios que percibió el hecho, concurrió, declaró y dio cuenta de ello en un juicio público, contradictorio y con las debidas garantías, de manera que no existió vulneración al artículo 85 del Código Procesal Penal que permite efectuar las diligencias que resultan cuestionadas por las defensas».

«Dadas las consideraciones precedentes, según lo establece como hechos ciertos el fallo en su motivo décimo cuarto, se conforman un conjunto de indicios que fundadamente indujeron a los funcionarios policiales de Carabineros de Chile, conocedores de la materia, por estar dedicados a la persecución del Tráfico de Ilícito de Drogas y estar entrenados para ello, a sospechar respecto de tres pasajeros del bus que fiscalizaban, pues los envases hallados, en los que se contenía un líquido transparente, presentaban características que no eran compatibles con la sustancia que supuestamente portaban, pareciendo razonable la sospecha de que se tratara de una sustancia ilícita que debía identificarse», razona la Segunda Sala.

«Que, de este modo, como reiteradamente se ha dicho, más allá de expresar si esta Corte comparte o no la apreciación de los policías de que la situación de autos ameritaba controlar la identidad del imputado, lo relevante y capital aquí es que el fallo da por ciertas circunstancias que objetivamente y de manera plausible permitían construir un indicio de aquellos a que alude el artículo 85 del Código Procesal Penal, lo que permite descartar la arbitrariedad, abuso o sesgo en el actuar policial, objetivo principal al demandarse por la ley la concurrencia de esa sospecha para llevar a cabo el control de identidad», afirma la resolución.

«Finalmente, cabe destacar, que tal como se asentó en el fallo recurrido y puso de relieve el Ministerio Público en sus argumentaciones en estrados, al momento de la revisión del bus por parte de los funcionarios policiales, todos los pasajeros, entre ellos los recurrentes, se encontraban abajo del móvil, de manera que tampoco existió a su respecto una vulneración a la libertad personal y a la intimidad.En virtud de todo lo anterior, la presente causal de los arbitrios será desestimada», concluye.