Cinco votos por acoger, cinco votos por rechazar y el voto dirimente de su Presidenta dan lugar al requerimiento de inconstitucionalidad del Gobierno contra la reforma constitucional impulsada por congresales, para el (2º) retiro del 10% del fondo de capitalización individual que cada persona tiene en la cuenta que administra la respectiva AFP.

Al momento de redactar esta columna no se conocen los argumentos pero, no hay duda que debe tratarse de argumentos muy creativos, tanto como para hacerse cargo de lo siguiente:

1º). De qué modo podría una reforma constitucional infringir la Carta Fundamental en aspectos sustantivos, como la afectación al derecho a la seguridad social, máxime si del propio texto del art. 19 Nº 18 no se desprende ninguna contravención a las garantías allí señaladas (quórum calificado; acceso universal a prestaciones básicas; cotización obligatoria y supervigilancia estatal).  Ahora, si lo que pretende sancionar la magistratura constitucional es un vicio competencial o de forma, habrá que esperar la sentencia.  En este punto, lo único que uno esperaría que no ocurra, es que el TC vaya a señalar que la iniciativa exclusiva de ley, en perspectiva de fuentes, vincula también al constituyente derivado.  Sostener esto, equivale a decir que el poder constituyente (de reforma) en virtud de una interpretación interesada de la propia Constitución, queda sometido a la ley, y sólo así, queda también sometido al derecho de iniciativa exclusiva del Presidente.

2º).   Cómo la enmienda constitucional es contraria a la Constitución y el proyecto de ley del propio gobierno, que fue aprobado, sancionado y ya promulgado no es igualmente inconstitucional y contrario al contenido iusfundamental del art. 19 Nº 18.  Si de coherencia se trata, no es sostenible indicar que un proyecto de reforma constitucional (en su articulado transitorio) afecta el derecho a la seguridad social y el proyecto de ley del gobierno (y requirente), de similar tenor y efecto idéntico, no lo afecta.  En este punto, el TC puede salvar su decisión en cuanto al derecho de iniciativa exclusiva pero no el vicio de fondo.

3º).  Y, por último, el argumento de sentido común: como puede ser contrario a la Constitución un proyecto de reforma constitucional que, al momento de fallarlo el TC, ya no existe porque fue rechazado en el Senado.  De la nada, nada proviene, habría que recordarle al TC (o a su mayoría); el proyecto ya no tiene posibilidad de convertirse en derecho vigente y por tanto, carece de oportunidad y pertinencia.  Si lo que busca una mayoría del Tribunal es enviar una “señal”, como un precedente material, para futuros proyectos de similares características, entonces el Tribunal Constitucional acaba de firmar su renuncia a su condición de Tribunal. Es un órgano que se asume, se siente y quiere hacer sólo control político de constitucionalidad.

En fin, en una columna anterior ya dije que el Tribunal Constitucional hace méritos de sobra para su descrédito, cuando ejerce su función de control preventivo.  Ahora, y con este tipo de decisiones, ya no quedan razones (ni ánimo) para defender una atribución que la propia magistratura constitucional ejerce con irritante desprolijidad y peligroso interés político contingente.