La Constitución es un acuerdo político sobre el diseño institucional con el que se logra hacer funcionar al Estado a un ritmo balanceado y estable. Para alcanzar esto, no todas las demandas sociales que se han tomado la agenda política pueden ser parte del texto, ni tampoco podrá ser escrita por “todos”. Incluso me atrevería a decir que en la práctica ni siquiera será escrita por todos los constituyentes, sino sólo por aquellos más influyentes en los debates de las futuras comisiones temáticas.

A pesar de que no todos podrán participar, la Convención tendrá que hacer un esfuerzo para que la nueva Constitución se escriba con la mayor participación ciudadana posible, ya que esto permitirá considerarla realmente legítima. Estemos de acuerdo o no, lo cierto es que ya no es suficiente por sí sola la democracia representativa y no bastarán las elecciones de abril y el plebiscito de salida para que la ciudadanía haga suyo el texto que conoceremos el 2022.

Esta cercanía del quehacer de los constituyentes con la ciudadanía se comenzará a construir desde que se establezcan las bases del juego con la redacción del Reglamento, el cual debería consagrar un proceso sencillo, con pocas etapas y sin idas y vueltas, alejado del actual sistema de tramitación legislativa que resulta tan ajeno a los ciudadanos.

Para este desafío hay que consagrar mecanismos en el Reglamento que den respuesta a esta inquietud social, como por ejemplo a través de la creación de una comisión de participación ciudadana que reciba peticiones e información de la ciudadanía de forma constante y a la cual se le puedan dar respuestas.

Además, necesitaremos durante todo el proceso líderes preparados que quieran participar del debate y socializarlo en terreno a quienes no son expertos, pero sí tienen sus anhelos y expectativas puestos en este proceso. Y en este espacio los jóvenes tenemos que participar y desde la Región del Maule ser capaces de generar instancias de discusión ciudadana sobre el debate constitucional.