Reunido el tribunal pleno de la Corte analizó el contenido de la iniciativa legal que establece «Garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia». Segundo informe sobre la materia que fue remitido el mismo día a la senadora Ximena Rincón González, presidenta de la comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes.

Para el pleno de ministros: «El proyecto de Ley de ‘Garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia‘, constituye un avance considerable y da cuenta del esfuerzo de los colegisladores por garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestra legislación».

«En esta nueva versión del proyecto se acogieron algunas de las observaciones previas de la Corte en este sentido, en particular se adecuó la redacción conforme a un lenguaje inclusivo como se sugirió en su oportunidad; se modificó además la referencia a la sujeción del cumplimiento de las obligaciones del Estado a la disponibilidad presupuestaria, sustituyéndola por el deber de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponibles conforme a la Convención –en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales–; se modificó igualmente la disposición que regula la aplicación territorial de la ley, haciéndola extensiva a respecto de todos los NNA que se encuentran sujetos a la jurisdicción de los tribunales nacionales y no solo respecto de quienes estén en el territorio nacional», sostiene el informe.

El oficio agrega que: «En cuanto a las disposiciones que son objeto de esta nueva consulta, no se formulan reparos acerca del procedimiento de evaluación del interés superior del niño, niña y adolescente (artículo 7), considerando que esta propuesta puede contribuir al cumplimiento de las obligaciones del Estado en esta materia. En lo relativo al derecho a vivir en familia (artículo 27), se observa que las normas ya cumplirían con los estándares y recomendaciones internacionales».

«Sin perjuicio de los avances señalados, existen ciertos aspectos que pueden ser objeto de mejora para que la propuesta sea más robusta y eficaz conforme a las observaciones e indicaciones que se han enunciado en la sección respectiva, algunas de las cuales se sintetizan a continuación», propone.

«En lo que respecta al derecho a ser oído (artículo 28) se formulan algunas sugerencias y se recomienda precisar la manera en la que se podrá ejercer la representación del niño en los procedimientos judiciales y cómo se garantizará que esta representación sea la adecuada. Además, se observa falta de precisión en cuanto a la orientación y objetivos de las medidas que deberían desarrollar los órganos judiciales y de la administración para contribuir al ejercicio efectivo de este derecho. También se advierte omisión en el reconocimiento de los NNA pertenecientes a pueblos indígenas, respecto de los cuales el Comité ha señalado ciertos lineamientos», advierte.

Asimismo: «Respecto de la norma que establece la responsabilidad del Poder Judicial para la adopción y cumplimiento de las medidas de protección (primera oración del inciso penúltimo del artículo 57), se sugiere modificar el artículo enfocando la responsabilidad en un sistema de seguimiento que permita evaluar el cumplimiento de objetivos tal como fue expresado en el informe previo de la Corte Suprema».

«En relación a los deberes de coordinación (inciso final artículo 57), no se realizan reparos, dado que esta norma se encuentra en directo cumplimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño. Sin perjuicio de lo anterior, se sugiere robustecer la norma para que se definan con precisión las órbitas competenciales en que exista esta coordinación mediante reglas operativas», afirma el pleno.

En cuanto –prosigue– a las reglas generales para la adopción y aplicación de medidas de protección administrativas y judiciales contempladas en el artículo 61, se mantiene la posición de la Corte Suprema sobre esta materia efectuada en el año 2015, en relación a que esta norma se encuentra en directa vinculación con la normativa internacional. Sin embargo, respecto de la modificación que restringe el derecho a ser oído, se recomienda modificar la redacción suprimiendo la alusión al ‘caso que corresponda‘ o definiendo de forma certera y acotada los límites a los cuales se circunscribe el derecho en concordancia con la legislación nacional e internacional».

«Asimismo, en cuanto a la relación entre las medidas de protección administrativas y judiciales y la derivación de casos, se considera adecuado que los tribunales con competencia en materia de familia deban intervenir siempre en casos de vulneraciones graves», añade.

Para la Corte Suprema: «En el caso de la reclamación judicial (artículo 76), no existen reparos respecto de la existencia de una reclamación de ilegalidad, del alcance de la reclamación y el tribunal competente, no obstante lo cual se sugiere adecuar algunos términos del procedimiento aplicable».

«Finalmente, respecto de las modificaciones propuestas a la ley N°19.968, se considera que para imponer la obligación de comparecencia mediante asistencia letrada tanto en los procedimientos de protección, como en todos los procedimientos de violencia intrafamiliar, es necesario asegurar al derecho a una asistencia jurídica gratuita para estos casos, debiendo contemplarse los recursos financieros para ello, de forma tal que esta modificación no se torne en una barrera de acceso a la justicia. Por otra parte, la limitación a las medidas judiciales de protección debe ser coherente con la adecuación de otras normas legales, como la Ley N° 16.618 y la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia», concluye.