El Gobierno dio un primer paso en su ofensiva por frenar el avance del proyecto que permite un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, en segundo trámite constitucional, que ya está disponible para ser revisado en la sala del Senado. Una comisión mixta integrada por senadores de los comités de Hacienda y Trabajo conoció el detalle de la contrapropuesta de La Moneda en materia de regular el retiro de fondos. Las diferencias son varias. Entre otras cosas, se reduce el monto máximo del retiro desde 150 a 100 Unidades de Fomento, es decir, desde poco más de $4 millones 300 mil pesos a en torno a $3 millones. Además, se establece la obligación de reponer los fondos, a través de un cálculo personalizado que hará la Superintendencia de Pensiones respecto de cada afiliado, siempre que su situación laboral lo permita, y hasta alcanzar la edad de jubilación. Un punto que provocó alta controversia son las limitaciones. En este caso, se excluye del beneficio a altas autoridades políticas, quienes registren cotizaciones previsionales el mes anterior a la solicitud y a las rentas por sobre 100 UF, cerca de tres millones de pesos. Así lo explicó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, recalcando que ese grupo representa menos de un 5% de la población. Otra restricción indica que, si el cotizante que hace la solicitud tiene un Ahorro Previsional Voluntario, el 10% saldrá de dichos fondos. Los objetivos son reducir el daño previsional pero también hay una preocupación respecto del impacto fiscal. Por eso los ahorros que se retiren quedarán sujetos al Impuesto Global Complementario, según el tramo que corresponda, impactando más a las rentas altas. Según el Ministerio de Hacienda, la reforma del segundo 10% que impulsa la Cámara tendrá un costo de 3.229 millones de dólares para el Fisco, tanto por el mayor gasto en Pensión Básica Solidaria como en los impuestos que se dejan de percibir. En cambio, su propia propuesta, costaría un máximo de 2.154 millones, sin tomar en cuenta los reintegros, consigna BioBioChile. Pese a ello, la denominada norma del “autopréstamo” es la que más críticas concita dentro de la oposición, donde la senadora DC Carolina Goic lo considera inaceptable. Concuerda con esa crítica el socialista Juan Pablo Letelier que, sin embargo, reconoció que mejorar esta iniciativa podría ser más viable que lo aprobado por la Cámara consigna BioBioChile. En Chile Vamos también hay reparos respecto a esta norma, incluso entre los senadores que pidieron al Ejecutivo tomar la iniciativa. Tanto este punto, como los sesenta días de plazo que se plantean para el pago por parte de las AFP, son algunos aspectos que Manuel José Ossandón, de RN e Iván Moreira, de la UDI, creen que hay que mejorar. Aunque en el oficialismo piden mejoras, de momento, están respaldando el avance de este proyecto. Igualmente, el Ejecutivo está a contrarreloj, puesto que la reforma constitucional impulsada por la Cámara de Diputadas y Diputados podría ponerse en votación este miércoles, tal como explicó la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, del PPD. Además de focalizar el proyecto y disminuir el daño en el sistema, el ministro Briones recalcó el mensaje que esgrimió el Presidente Sebastián Piñera esta semana, en cuanto a su preocupación por la institucionalidad. Un objetivo secundario de este proyecto es “cerrar la llave” para que el Congreso siga interviniendo en prerrogativas exclusivas del Presidente, definiendo gastos del Fisco, tributos y materias de seguridad social.