El Primer Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente la demanda de indemnización de daños y perjuicios deducida en contra de la empresa inmobiliaria Armas Cerro Colorado II SpA, por las deficiencias de construcción en áreas comunes de edificio.

En la sentencia (causa rol 414-2019), la magistrada Isabel Margarita Zúñiga Alvayay estableció la responsabilidad de la empresa demandada como primera propietaria y vendedora del inmueble ubicado en la comuna de Las Condes.

«Que, atendido que se trata de una responsabilidad especial, cabe declarar que la empresa demandada (propietario primer vendedor del inmueble) se encuentra obligada a responder por las fallas o defectos existentes en el inmueble, cuestión que se traduce en su deber de repararlas satisfactoriamente; y encontrándose probado, como ya se dijo, la existencia de fallas y/o defectos en la construcción (fisuras y grietas en losas de los subterráneos; presencia de eflorescencia (por presencia de humedad en el hormigón); y la falta una adecuada señalización e identificación del cableado eléctrico en los paneles respectivos como antideslizante en sus escaleras de emergencia», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «En la especie la Ley de Urbanismo atribuye responsabilidad sin culpa al ‘propietario primer vendedor’ y la ley lo hace responder de todos los daños y perjuicios que una construcción defectuosa se acredite, otorgando una garantía a las víctimas de los daños provocados por los defectos y fallas, como en este caso, en los tres niveles subterráneos, reparación de fisuras y grietas en losas y muros; eliminación de eflorescencia y mejoramiento de la identificación del cableado eléctrico; cuestiones que fueron además corroboradas en la inspección personal del tribunal y de cuya constancia se apreció incluso de las fotografías que se obtuvieron el día de su diligencia y cuya custodia rola en autos, lo que además está acorde a la prueba documental ya reseñada».

«Que en cuanto al monto de los daños y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 18 de la LGUC que exige justificar los daños, se tendrá en consideración el informe pericial realizado en noviembre del año 2019, dejando constancia que las reparaciones fueron más bien estéticas y que los trabajos deben rehacerse de acuerdo al estándar del edificio. Si bien hace presente que es difícil de determinar con exactitud los daños constatados hace una estimación de ellos, haciendo presente que la mayor parte de ellos se dan en los elementos horizontales de hormigón armado y algunas fisuras en los muros que son de más fácil reparación», añade.

Para el tribunal: «En este punto es dable señalar que no se requiere certeza absoluta para determinarlos, considerando que ya es un hecho de la causa la existencia de daños, estos deben ser íntegramente reparados más cuando el demandado no objetó el monto de ellos y que el edificio debe evitar que las filtraciones de agua generen oxidación que de no tratarse puede ocasionar problemas mayores en la estructura de acero».

«Por lo anterior –prosigue–, esta sentenciadora puede presumir en forma grave, precisa y concordante que la realización de los trabajos implica necesariamente ejecutarlos a un nivel de experticia que subsane la existencia de los daños que han quedado irrefutablemente acreditados; estimando el monto de reparaciones de daños estructurales de hormigón armado en 18.232 UF, rehabilitación y reparación de instalaciones eléctricas, ascienden a un monto 3.051 UF, y calculando la Unidad de Fomento de hoy, $28.738,63 considerando las 21.283 UF, hace un total de $611.644.262, más el costo de reparación de la escalera para que cumpla con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en la suma que se estima en $10.000.000, costos efectivamente justificados, descartando la sala de calderas de cuya inspección se dio cuenta que sus problemas están solucionado, como los demás daños alegados por no ser debidamente probados».