Por 139 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones la Cámara de Diputados aprobó el proyecto refundido para que los responsables de los registros o bancos de datos que traten información de carácter económico, financiero o comercial, no puedan comunicar los datos relativos a cuentas impagas y morosas, cuando se hayan hecho exigibles con posterioridad al 18 de octubre de 2019.

La diputada Carolina Marzán (PPD), una de las autoras de las iniciativas refundidas, señaló “se debe considerar que previo al estallido social y al COVID-19, la sociedad chilena ya presentaba niveles críticos de sobreendeudamiento que eran altamente preocupantes”.

“De hecho, datos del año pasado son categóricos al indicar que existían más de 4.600.000 de personas con al menos una cuota morosa en el sistema financiero, sin contar otra clase de créditos que no son contabilizados, por ejemplo, los créditos automotrices”, agregó.

En la misma línea, sostuvo que “más de un millón y medio de personas se encuentra en proceso de judicialización de dichos créditos. La presión por el pago de deudas y la planificación económica familiar sobre la base del crédito para la subsistencia, alcanzó su peak en un contexto en que las deudas se vuelven impagables, pues una pandemia azota los empleos y los efectos son trágicamente nocivos”.

“Creemos que este proyecto es una solución para permitir el reflote de aquellos que han visto golpeados sus bolsillos y economía personal y este proyecto beneficiará a las empresas de menor tamaño y a las personas naturales que, a la fecha de publicación de la ley, tengan un total de obligaciones impagas inferior a 150 UF por concepto de capital, excluyendo intereses, reajustes o cualquier otro rubro”, indicó y consigna BioBioChile.

Marzán sostuvo que “esta prohibición regirá desde la publicación de la ley hasta los 120 días corridos posteriores al término del estado de excepción constitucional o sus prorrogas. Con esto esperamos que sea un alivio para todas esos mipymes que están a punto de quebrar o personas que necesitan reactivar su economía”.

Ante la negativa de las bancos e instituciones financieras en apoyar este proyecto, la diputada comentó que “tampoco es la idea que, a partir de este proyecto, se genere una reacción por parte de las empresas a través de medidas que les permitan compensar esta falta de información, sino que precisamente busquemos mecanismos de reprogramación, facilitación y flexibilización de pago y de requisitos de acceso”.

“No podemos hablar de ‘riesgo’ en un contexto de pandemia, pues de por sí es alto, pero por ejemplo, si este riesgo es suplido por una garantía estatal como el caso del FOGAPE, qué sentido tiene que un banco rigidice la posibilidad de acceso, pues se materializa prácticamente en un criterio arbitrario con una amplitud tal, que le permite al banco denegar o aprobar el acceso a un crédito con la idea válvula del riesgo, esperamos que tenga mayor rapidez en su tramitación”, comentó la parlamentaria.

El proyecto, por ser objeto de indicaciones, volvió a la comisión de Economía de la Cámara de Diputados para continuar con su trámite legislativo.